Ayer se desarrolló el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La oficialista María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, habló sobre dos de los temas más importantes en la propuesta.
Uno es el reglamento a seguir para concretar la consulta prelegislativa y evitar que se convierta en un trámite de interrupción de procesos legislativos. Y dos: los ajustes recomendados para proceder a los juicios políticos.
Sobre este último punto, indicó entre otras cosas, que la intención era no judicializar los casos. Por ejemplo, se propone evitar que los miembros de la Comisión de Fiscalización “tengan que entregarle en la mano la notificación al funcionario interpelado”.
En el informe de mayoría de la mesa se señala que el Pleno debe decidir sobre la pertinencia del juicio, sin debate. Romo comentó que, en otros parlamentos, en la sala plenaria solo participan quienes han solicitado el juicio.
En ese punto discrepan Cynthia Viteri (M. de Guerrero) y Vicente Taiano (Prian), para quienes sí debe haber debate.
En cuanto al desarrollo de la consulta prelegislativa, la Comisión propone que la mesa especializada incluya, durante el primer debate, la recomendación de realizar este proceso y sobre qué temas. Ahí se pudiera mocionar, entonces, si corresponde o no desarrollar este trámite para que el Pleno tome una decisión.
Viteri insistió en la necesidad de fijar plazos para que la Comisión concluya el informe y la recolección de opiniones en las comunidades. De lo contrario el tema “se queda en el limbo”.
Una integrante de la Comisión de Fiscalización, Betty Amores (Alianza País), sugirió eliminar un vacío legal que enfrentan las comisiones cuando se produce un empate entre sus miembros. La Presidenta debería dirimir.
Por otro lado, el independiente Jimmy Pinaorgote recordó que cuando al votar ha fallado el sistema informático, los legisladores han tenido que pedir que se reconsidere la votación. Cree que eso no es justo. Tampoco aprueba que el ponente de un proyecto de Ley se encargue de recoger las observaciones. A su juicio, ese es papel de toda la Comisión.