La bancada de Alianza País todavía no se pone de acuerdo respecto a qué posición tomar en el tema de la fiscalización. La oposición exige que la decisión de archivar o no las solicitudes de juicios políticos la tome el Pleno, es decir los 124 asambleístas.
Esto como parte del paquete de reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). La semana pasada, el oficialismo ofreció versiones contradictorias en relación a ese punto.
Los seis coordinadores de Alianza País y el presidente Fernando Cordero habrían acordado con Vicente Taiano (Prian), que los dos informes, de mayoría y minoría, llegarían a la sala plenaria. Y que los dos ponentes expondrían las posiciones, para que la mayoría de legisladores decida. En la Comisión de Fiscalización solo se sustanciarían los casos.
Eso lo comunicó Taiano, como ponente de las reformas. Pero, el jueves, los oficialistas empezaron a cambiar de discurso. Dijeron que la bancada aún no tomaba una decisión al respecto. Y se sabe que postergarán la continuación del segundo debate hasta contar con los votos para evitar dar paso a las reformas. También hasta coordinar con Carondelet.