El puente de Rumichaca es un de lo puntos de ingreso desde el norte del país. Foto: El Comercio
El procedimiento para la deportación de ciudadanos extranjeros podría tener cambios. Se trata de uno de los componentes más importantes de la reforma a la Ley de Movilidad Humana que se tramita en la Asamblea.
El informe para el segundo y definitivo debate de este proyecto fue aprobado el martes pasado con los votos de ocho de los 12 integrantes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Ahora, el siguiente paso para su tratamiento en el hemiciclo depende de que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) convoque al Pleno para el tratamiento de la Ley.
Allí se estipulan nueve causales para la deportación de extranjeros. Entre ellas, por haber ingresado a Ecuador por un lugar no autorizado, no haber iniciado el proceso de regularización en los plazos previstos o haber reincidido en el cometimiento de faltas migratorias o delitos, entre otras.
El proyecto, en el artículo 141, precisa que la deportación “constituye la resolución administrativa mediante la cual la Autoridad de Control Migratorio dispone la salida del territorio nacional de una persona extranjera”.
Añade que quienes incurran en esta situación no podrán reingresar al Ecuador por un plazo de tres años contados a partir de su salida del país.
Sin embargo, la asambleísta Esther Cuesta (RC) argumentó que tal como está el proyecto el Ministerio de Gobierno se convertirá en “juez y parte en la deportación de personas”. Al final ella y otros dos legisladores del correísmo que son parte de la Comisión se abstuvieron de aprobar el informe.
Además de Cuesta, los legisladores Joffre Poma y Lexi Loor también optaron por la abstención en su votación.
Cuesta sugirió que se reconsidere hacer un procedimiento jurisdiccional y no administrativo, para que sean los jueces los que resuelvan de manera imparcial. Con eso se generarían las garantías básicas de defensa necesarias para que exista un debido proceso.
El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), indicó que el informe fue elaborado en conjunto con diversos actores involucrados en el tema y garantiza el cumplimiento de derechos humanos de los connacionales que están en el exterior y de quienes han acogido al Ecuador como segunda patria.
El proyecto subraya que los procedimientos de deportación del país o cualquiera que afecte la condición migratoria son de carácter individual. Con ello se prohíbe la expulsión de colectivos de personas extranjeras.
Al final, los puntos contrapuestos que se evidenciaron en la discusión de la mesa legislativa se resolverán en el Pleno de la Asamblea. Se prevé que en esa instancia se pula la Ley para su aprobación.