4 de October de 2011 18:05

Una reforma para flexibilizar contrataciones con el Estado de funcionarios públicos

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Esta mañana, el Pleno de la Asamblea, trató el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público.

El cambio propuesto se centra en las prohibiciones a los servidores públicos para resolver asuntos, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado. También obtener beneficios que impliquen privilegios para el servidor, su cónyuge o conviviente.

El tema lo trató la mesa de Educación y no la de Derechos de los Trabajadores. La propuesta es que la prohibición se aplique respecto de la institución del sector público en la que labora el servidor o sus entidades adscritas, prohibición que se extenderá a su pareja, y a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Jorge Escala (MPD) aseguró que la reforma "legitimaría el gran negocio del Gran Hermano, aunque el presidente diga que no conoció, está sumamente claro que conoció de todas las travesuras de su hermano (Fabricio Correa)".

Esto en referencia a lo publicado en el libro El Gran Hermano, que denuncia los contratos con el Estado del hermano del Jefe de Estado. Por ello Rafael Correa enjuició a los autores.También mencionó lo ocurrido con Radio La Luna, dirigida en el pasado por el oficialista Paco Velasco y los supuestos contratos con entidades estatales.

Escala también dijo que era mentira que los familiares de los legisladores no puedan ingresar a la carrera pública. Señaló que un hermano del asambleísta Pedro de la Cruz dirigía el Banco Nacional de Fomento en Cotacachi.

Paco Fierro (PSP) pidió no pasar de un extremo al otro y hacer puntualizaciones según el cargo. Por ejemplo, el Presidente y Vicepresidente de la República y los ministros no debieran influir en convenios a nivel nacional. Y que en el caso de asambleístas, prefectos y alcaldes, lo del cuarto grado de sanguinidad y segundo de afinidad, debería aplicarse en la institución donde laboran.

El presidente del Legislativo, Fernando Cordero, señaló que existen unos 60 000 ecuatorianos impedidos de hacer contrataciones con el Estado. Entre ellos los profesores universitarios y los médicos del IESS. Y recordó que el proyecto lo presentaron además de él y cuatro oficialista, Lourdes Tibán (MPD- Pachakutik) y Fausto Cobo (PSP).

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