La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha invertido durante 50 años USD 793 millones para programas sociales en Ecuador. De ese monto, más de USD 93,5 millones corresponde al período de Rafael Correa, en el que se han respaldado proyectos gubernamentales y de la sociedad civil.
Sin embargo, para el 2012, se prevé una reducción del presupuesto de la Agencia, que puede afectar el apoyo a los planes.
“Quién sabe qué va a pasar el 2012. Los congresistas (estadounidenses) están negociando y probablemente vamos a ver una reducción en América Latina, por problemas económicos globales que no están relacionados con la política del Gobierno ecuatoriano”, explica Andrew Herscowitz, quien acaba de asumir la Dirección de Usaid, en el país.
No obstante, sus declaraciones contrastan con la posición de varios congresistas republicanos. Ellos cuestionan el presupuesto que EE.UU. destina a la cooperación internacional a países que califica como “hostiles”, como Ecuador, Venezuela y Bolivia. Por ello, han impulsado un recorte en los fondos para estas ayudas.
Entre el 2007 y el 2011, la Agencia invirtió USD 93,5 millones en proyectos de infraestructura en la frontera norte, ambientales, de fortalecimiento de la democracia y desarrollo comunitario y de gobiernos locales.
Según Sergio Guzmán, director de la Oficina de Democracia, la disminución presupuestaria no afectará a los proyectos en la frontera norte, que han tenido impacto los últimos 11 años. “Hemos hecho 400 obras, beneficiando a 500 000 personas, con puentes, caminos, sistemas de riego, unidades sanitarias. En cambio, se prevé una reducción en la inversión de proyectos de fortalecimiento de la democracia.
Uno de los principales beneficiarios de esos recursos ha sido el Gobierno. Bernai Velarde, director de la Oficina de Crecimiento Económico y Medio Ambiente de la Usaid, dice que hace tres años, el Ministerio de Coordinación de la Producción pidió su apoyo para establecer prioridades sectoriales. “Presentamos una lista de 20 áreas y el presidente Rafael Correa escogió 10 sectores estratégicos como prioritarios”.
Actualmente cooperan en proyectos con el Ministerio de Ambiente, de Turismo, con el Inda, Senplades. A pesar de esta cooperación, el presidente Correa cuestionó en julio el financiamiento que brinda la Usaid a organizaciones no gubernamentales, que, esencialmente, trabajan en el fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión. Entre ellas, figuran Fundamedios, Grupo Faro y la Corporación Participación Ciudadana.
Por ello, Correa habló de regular a estas organizaciones. “En muchos casos, estas se dedican a hacer política deliberadamente para generar caos, imponer políticas foráneas y desestabilizar a gobiernos progresistas. Son ONG de extrema derecha…”.
El titular de Fundamedios, César Ricaurte, ha desvirtuado en varias ocasiones las acusaciones desde el Gobierno. Aclara que Usaid es uno de varios donantes que financian sus actividades, que ahora son cuestionadas con dureza por Carondelet.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, sostiene que las acusaciones son parte de entelequias del discurso político del Régimen, que debería probar sus afirmaciones con documentos. “Vivimos una época de descalificación generalizada a organizaciones que mantienen una veeduría independiente”.
Al referirse al financiamiento que reciben de Usaid, Hidalgo subraya que los proyectos se elaboran en función de las metas y visión de su ONG, que busca promover procesos democráticos transparentes. “Son fondos lícitos, entregados luego de ganar concursos públicos; no responden a intereses particulares”.
Usaid minimiza estas críticas de Correa y destaca el trabajo que realiza en coordinación con las autoridades y políticas oficiales. Guzmán asegura que las ONG a las que financian buscan fortalecer la democracia ecuatoriana.
La estrategia de cooperación de Usaid –explica Herscowitz- está alineada con el Plan Nacional del Buen Vivir. Por ejemplo, el Gobierno solicitó a la Usaid asistencia en el desarrollo de biocombustibles y bioproducción. La respuesta fue inmediata: expertos en el tema vinieron al país y trabajaron directamente con el Ministerio de Coordinación de la Producción, que estaba a cargo de Nathalie Cely, embajadora designada de Ecuador en Washington.