El miércoles de esta semana nos vimos obligados a publicar una extensa rectificación sobre el ajuste del precio del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Lo hicimos a instancias de una injusta resolución de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que privilegió el enfoque político y se desentendió de las argumentaciones jurídicas y, sobre todo, se negó a entender los procesos periodísticos para la publicación de un reportaje que contaba con todos los respaldos documentales (que están disponibles en nuestro sitio web) y las versiones confrontadas, como mandan los manuales básicos de esta profesión.
Que el resultado de esa investigación sea incómodo para las autoridades del sector o responsables del proyecto, calificado como emblemático por este Gobierno, es otra cosa. Acaso incluso con la idea de frenar posibles futuras publicaciones alrededor del tema.
Como secuela de esa misma resolución tenemos que publicar durante siete días en la versión digital de nuestro medio una disculpa al Ministro que planteó el reclamo, secundado por el órgano de información oficial, la Secretaría de Comunicación (Secom).
Ambas publicaciones seguramente resultan chocantes para los lectores de nuestro Diario y evidencian el lado oscuro de una Ley (de Comunicación) aprobada por una aplastante mayoría legislativa, sometida a las visiones controladoras y restrictivas de las libertades que emanan del Poder Ejecutivo, en esta caso, contra la prensa.
Nuestros lectores conocen que la política de rectificaciones es parte de la cultura institucional de este grupo editorial, admitiendo que las equivocaciones son imponderables, que pueden superar el rigor profesional que imprimimos a nuestro trabajo diario y que se refleja en las publicaciones de cada una de nuestras plataformas informativas.
Hemos rectificado por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada, pero ahora lo hacemos, conminados por una autoridad, que tiene mucho trecho que recorrer para convencer al país de su imparcialidad.