La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó ayer un informe sobre la libertad de prensa en Ecuador, a propósito del debate de la Ley de Comunicación. A través de este documento, el grupo hace una evaluación crítica sobre “la difícil relación” que mantienen el presidente Rafael Correa y la prensa privada. El informe también argumenta que esta polarización se ha convertido en “el único contenido de la ley” que está en pleno debate. RSF se inclina por la aprobación de una legislación que garantice “un mejor equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación y que confiera una mayor visibilidad a algunos sectores de la sociedad”. En ese sentido, el informe que se difundió ayer formula seis recomendaciones para continuar con el debate en la Asamblea. El primero es mantener el compromiso del 17 diciembre de 2009 al que llegaron Alianza País, a través del presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, y los bloques de oposición. El acuerdo “excluye la censura o confiscación de un medio de comunicación por el futuro Consejo de Comunicación”. A juicio de RSF, esta es la principal condición que debe mantenerse antes de la adopción del texto. “Esperamos que solo el régimen de sanciones financieras se mantenga en la versión definitiva de la ley”.El segundo punto tiene que ver con “la exigencia de pluralismo y de equidad entre los medios de comunicación”. Es decir, avanzar es una reestructuración del sistema de atribución de las frecuencias del espacio radioeléctrico. Para RSF, el proyecto en debate es positivo, pues reserva a priori un 33% de las frecuencias para los medios de públicos, un 33% a los medios de comunicación privados y un 33% a los medios de comunicación comunitarios.“Su aplicabilidad implica también una justa repartición de la pauta publicitaria oficial, sin presunciones ideológicas y en precaución con los recursos de cada medio de comunicación”.La tercera recomendación toma cuerpo en el capítulo referido a la regulación de los contenidos. El informe califica como “demasiado imprecisa la referencia de noticias basadas en supuestos que puedan producir conmociones sociales o públicas, susceptibles de acarrear además la suspensión o cierre de un medio de comunicación”. Disposiciones como esta pueden producir autocensura, advierte el informe. “La información verdadera no se decreta con una ley”.El cuarto aspecto evalúa las cadenas y enlaces oficiales, que no pueden escapar de una reglamentación que limite su número y ponga estrictas condiciones a su difusión obligatoria.Para RSF, solo los contenidos de carácter pedófilo o que inciten a la violencia y a la discriminación deben depender del ámbito penal. “Defendemos una despenalización de los delitos de opinión: difamación e injuria”. El sexto punto se refiere a la titulación del periodista. Para RSF este no es un debate de títulos sino realmente de competencia.