2 de August de 2012 00:01

La recolección de firmas tardó 28 meses

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28 meses de recolección de firmas. 5,6 millones de adhesiones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, por parte de las organizaciones políticas de carácter nacional. Cerca de 3,3 millones de firmas, fueron finalmente aceptadas.

Esta danza de números explica, por sí misma, el complejo proceso que, por mandato constitucional, atravesaron las organizaciones políticas que quieren ser parte del nuevo sistema de partidos.

Sin embargo, la crisis desatada por la identificación de miles de adhesiones supuestamente fraudulentas pone en riesgo todo este proceso que ha tomado más de dos años en avanzar.

El CNE ha palpado en las últimas horas la preocupación de los partidos y movimientos políticos.

Sin embargo, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, considera que en este momento lo que debe primar es la sensatez. “No sacamos nada con que las organizaciones políticas se acusen unas a otras; tampoco que el CNE se convierta en el único blanco al cual exigirle responsabilidades”.

El ex funcionario considera que ni la Constitución ni el Código de la Democracia establecen sanciones claras a las organizaciones políticas en temas como este. Y advierte que aquellos movimientos que ya han sido reconocidos por el CNE tendrían un blindaje ante la posibilidad de que un porcentaje de las firmas sea invalidado en este proceso de revisión.

También pide al CNE trabajar con absoluta transparencia y apego a los valores democráticos. “La Constitución de Montecristi cometió el grave error de darle a los movimientos políticos ciudadanos requisitos similares al de los partidos. La consecuencia es que por ley se ha obligado a que casi el 40% de los votantes de un padrón tenga determinada filiación política, cuando la media en América Latina no llega al 10%”. Aguinaga comenta además que cualquier proceso de recolección de firmas es complejo y más aún si tuvo un carácter masivo como el que se inició en el 2010. Por eso a él no le preocupa que al final de toda esta revisión se arroje un 15% de firmas irregulares. “El monitoreo a las organizaciones debe ser equitativo y luego enfocarse en aquellas que tengan un mayor muestreo de fraude”.

Solo así -explica- se podrá investigar si hubo organizaciones que contrataron la recolección de firmas. O si este escándalo deriva de algún tipo de ‘hacker’ informático. “Esa tarea le corresponde a la Fiscalía que debe actual con seriedad y más allá del calendario electoral para no empañarlo”.

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