‘Si mañana salgo del edificio legislativo y tomo un taxi, ¿dejo de ser asambleísta?”, preguntaba ayer Diana Atamaint (MPD-Pachakutik).
Ella, como otros legisladores de Alianza Libertad, el PSP, PSC, Prian, Ruptura e independientes, sostienen que la Corte Constitucional ha violado la competencia de la Asamblea de decidir si levanta o mantiene la inmunidad parlamentaria de un legislador.
Su pronunciamiento se dio luego de conocer que la Corte resolvió admitir a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por Camilo Samán, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en contra del asambleísta Enrique Herrería ,
El jueves 15 de marzo, con 66 votos en contra (de la oposición) y 49 abstenciones (de Alianza País y algunos aliados), la Legislatura negó el pedido de la Corte de Justicia, que solicitó la autorización para iniciar un juicio por supuesta injuria contra Herrería.
El argumento para esa querella es que Herrería, en una entrevista radial, habría dicho que Samán antes era pobre, pero desde que es funcionario de Gobierno supuestamente se volvió rico.
Sin embargo, la Asamblea no dio paso a ese intento de quitarle la inmunidad a Herrería. Su argumento fue que el artículo 128 de la Constitución establece que los legisladores gozan de fuero de la Corte de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. Y que no serán ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en ese ejercicio, dentro y fuera de la Asamblea.
Sin embargo, Samán alega que se han violado sus derechos al honor y al buen nombre. Argumenta, además, que “Herrería no se encontraba en una sesión parlamentaria; tampoco estaba efectuando fiscalización alguna”.
Ante esto, el asambleísta Herrería recuerda que la inmunidad no es geográfica, sino institucional. Explica que los a 124 legisladores no se les puede desprender de ella en ningún momento de su período parlamentario. “Pueden permanecer en el edificio, estar fuera, en días festivos o feriados”.
El mes pasado, Herrería, dentro de su labor de fiscalización, pidió al Contralor General del Estado que iniciara un examen especial a las declaraciones patrimoniales de Samán, porque supuestamente habría cometido perjurio al no incluir en ellas las deudas que mantenía con Filanbanco en liquidación y con el Banco Central del Ecuador. “Sabía que habría incurrido en inhabilidad especial por mora”, dice Herrería.
Todos estos puntos los expuso ayer al presidente Fernando Cordero, quien no quiso pronunciarse. Ayer, al salir del Pleno, el titular del Parlamento se excusó diciendo que estaba siendo entrevistado por Ondas Azuayas. Tampoco quisieron hablar del tema los coordinadores de Alianza País.
La oficialista Rosana Alvarado comentó que el caso es consecuencia de un tema de fiscalización, impulsado por Herrería y la inmunidad es intrínseca a ello.
“Más allá de caernos bien o mal, en el ejercicio de lo público hay que tener más paciencia y aguantarnos algunas descalificaciones ingratas y gratuitas. Hay que ser más tolerantes. La inmunidad nos acompaña durante todo el período legislativo, no es que los fines de semana la perdemos…”, dijo.
Aunque aclaró que la resolución de la Corte Constitucional de admitir a trámite la acción extraordinaria de protección no es un paso muy grave. Explicó que el organismo de control constitucional aún no ha dado la razón a Samán. Y que antes de pronunciarse deberá sortear el caso para que un juez lo analice. Ese magistrado deberá presentar un informe para que vote el Pleno de la Corte.
“Es casi como un pedido de juicio político presentado al Consejo de Administración Legislativa, en la Asamblea. Tendrán que verificar si se cumplen requisitos”.
Pero la oposición cree que la situación es bastante más seria. Para Betty Amores (ex oficialista) se trata del inicio de una persecución a los opositores. “El Presidente de la República sabe que la Asamblea no levantará la inmunidad de los legisladores y ahora toma un atajo para amedrentarlos”.
También recuerda que las afirmaciones de Herrería no fueron en relación a temas de índole personal de Samán, sino al cumplimiento de sus funciones públicas. “Él hizo las declaraciones en su condición de asambleísta”.
Legisladores como Paco Moncayo (A. Libertad) comentaron que en estos días seguirán cruzando ideas porque no permitirán que se los amedrente. Y María Paula Romo (Ruptura) adelantó que impugnará algunas resoluciones de la Corte Constitucional, entre ellas esta. Pero confesó no ser optimista.
Henry Cuji, aliado del oficialismo, recordó que el Legislativo no ha permitido ni levantar la inmunidad al Mandatario ni tampoco a opositores como Galo Lara (PSP) y Herrería. “De lo contrario tendríamos que dedicarnos a defendernos y no legislaríamos”.