Los integrantes del movimiento Concertación iniciaron una campaña para informar a los ciudadanos sobre las razones por las cuales el proyecto de Ley de Comunicación debería ser archivado en la Asamblea Nacional.
A las 09:00 de ayer se dieron cita en la av. Amazonas y Robles, al norte de Quito. Desde ese sitio, decenas de simpatizantes emprendieron una caminata y a su paso invitaron a los ciudadanos a conocer las limitaciones que, en su criterio, la ley pondría para la libertad de información. “Libertad de expresión. No a la mordaza”, fue uno de los gritos.
El asambleísta César Montúfar junto con Juan Carlos Solines, vocero de la Concertación, y otros activistas entregaron a los ciudadanos hojas volantes en las que de manera didáctica se explica cómo esa ley afectaría a sus derechos. También aprovecharon para conversar con algunas personas que se interesaron en conocer más sobre el tema.
“Esta ley atenta contra derechos de los ciudadanos”, dijo Solines a la vez que considera que es un proyecto que está lleno de irregularidades y contrario a los estándares internacionales.
A Montúfar, en cambio, le preocupa que el proyecto de Ley de Comunicación presentado por el oficialista Mauro Andino sea una careta para que pase en el Pleno y luego el presidente Rafael Correa lo reescriba a través de su veto. Concertación distribuirá unos 100 000 folletos, visitando las provincias de la Sierra Centro, Austro y Guayaquil, la próxima semana.
En otro tema, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha se declaró no competente para dictar el pedido de medidas cautelares, que planteó Solines, para evitar que el veto electoral fuese publicado en el Registro Oficial. Esta fue la respuesta de los jueces Luis Manosalvas, Renato Vásquez y Ricardo Cobo. El Tribunal se pronunció ayer en una audiencia pública, dos días después de que las reformas electorales fueran difundidas, así el pedido de medidas cautelares quedó sin efecto.