Radio La Luna se convirtió en una agencia de publicidad
El 15 de octubre del 2007, el gerente de radio La Luna, Ataúlfo Tobar, envió una propuesta escrita al entonces subsecretario del Ministerio de Minas y Petróleos, Alejandro Fuentes, para difundir y producir diferentes piezas comunicacionales.
En la carta, Tobar propuso al Ministerio trabajar en dos campañas de las Jornadas de Soberanía Energética (producción de cuñas y spots para radio y televisión); y el Petróleo ya es de Todos (producción de piezas radiales dramatizadas).
Tobar había sido nombrado gerente el 12 de junio de ese año por el presidente de la estación, Paco Velasco. Por esos días, Velasco estaba en plena campaña para llegar a la Asamblea Constituyente, lo que se concretó el 30 de septiembre, dos semanas antes de que el Gerente de La Luna propusiera realizar las campañas.
En la primera se ofreció ejecutar cuatro cuñas, de 45 segundos, dos spots de televisión, de 15 segundos, y un jingle, de 40 segundos, mientras que en la segunda se ofertó la difusión de microprogramas, dramatizados y programas. La cobertura estuvo prevista en dos emisoras de alcance nacional y seis de alcance local, así como en dos canales nacionales. El costo propuesto por todo el paquete fue de USD 193 340.
El contrato se firmó el 19 de diciembre del 2008, entre José Serrano Salgado, ministro encargado de Energía, y Tobar. Y se pagó en la siguiente semana en dos rubros, de USD 48 069 y de USD 145 271, siguiendo las condiciones propuestas por Tobar.
El 26 de enero pasado, Velasco confirmó en una entrevista en Ecuavisa que La Luna se convirtió en un intermediario para difundir las campañas publicitarias del Ministerio de Energía. Dijo que subcontrataron a las radios Forever Music, Radio Universal, Francisco Estéreo, Sonorama, Costamar, Fuego... Y también que se entregaron contratos de difusión de comerciales a Gamavisión y Canal Uno. “El 87% del pago del contrato se destinó a gastos de producción de las cuñas y spots, y de su difusión en los diferentes medios”, dijo Velasco, quien recalcó que su cargo como Presidente era honorífico y que no tomó ninguna decisión, aunque en los estatutos de la compañía Ravimus se señala claramente que las funciones del Presidente son administrativas, junto con el Gerente.
Al ser consultadas sobre este sui géneris contrato, fuentes del Ministerio de Energía dijeron que fue entregado sin que medie ningún concurso, es decir a dedo. Tampoco se pidieron ofertas a otras emisoras o agencias de publicidad para escoger la más conveniente, simplemente se aceptó la propuesta de Tobar. En estos casos, es decir la realización de campañas publicitarias, debía existir una justificación de su necesidad y luego una evaluación. Luego de la llegada del ministro Wilson Pástor, los contratos del Plan de Soberanía se suspendieron, pues estaban al margen del sistema formal de contratación.
Entre el 2007 y el 2010, La Luna recibió más de 40 contratos de 28 entidades públicas que llegan a los USD 696 986 pagados. Por este y otros motivos, el asambleísta César Montúfar pidió la destitución de Velasco, pues habría celebrado contratos con el Estado, aunque presidía de La Luna.
El CAL estudia hoy la denuncia
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) analizará hoy la documentación entregada la semana pasada por el asambleísta César Montúfar, en contra del legislador Paco Velasco.
Entre esos documentos hay un acta de la Junta General de Socios de La Luna, fechada el 30 de junio del 2009, cuando se nombró gerente a Ataúlfo Tobar. Según la denuncia de Montúfar, en el acta consta la firma de Luis Dávila, que habría sido adulterada, lo cual es avalado por el informe grafológico de un perito.
Anteriormente, Montúfar presentó más documentación que evidencia que Velasco ejerció la presidencia y fue accionista de La Luna, entre el 2005 y el 2010.
El CAL, donde el movimiento Alianza País del cual es miembro Velasco tiene mayoría, deberá calificar la denuncia de Montúfar o desecharla. Si la aprueba, luego deberá integrarse una comisión de tres asambleístas que emitirán un informe, que será remitido para el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
