Los funcionarios públicos no están conformes con el veto a la Ley de Servicio Público y no descartan iniciar protestas en todo el país.
Los miembros del Servicio Exterior estudian en tomar medidas de hecho para evitar que la objeción del Ejecutivo se concrete. Por primera vez en su historia han pensado en paralizarse.
La decisión del Ejecutivo les afecta directamente, según el presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior (Afese), embajador Rodrigo Yepes. Pues se establece que el personal administrativo y técnico de carrera se rija bajo la nueva Ley de Servicio Público y ya no por la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE).
El artículo 83 del veto establece que solamente los “servidores protegidos por la carrera diplomática sujetos a la LOSE” se excluyen de la Ley de Servicio Público.
Es decir, que únicamente los funcionarios que forman parte de los seis niveles de la carrera diplomática (desde Tercer Secretario a Embajador) estarán bajo la LOSE, el resto de funcionarios de carrera de la Cancillería (técnicos, secretarias) deberán sujetarse a la nueva normativa, que establece otro sistema laboral.
Por ejemplo, se establecen unidades de Talento Humano, que se encargarán de verificar el cumplimiento de la ley en cada institución pública. También se establece que los servidores públicos se capacitarán y se formarán solamente en las áreas y temas determinados por el Estado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo se fija una escala de evaluación para todos los funcionarios públicos, que va de insuficiente a excelente. Estas calificaciones serán impuestas por la autoridad máxima. Si un empleado obtuviera insuficiente será destituido de sus funciones, sin que pueda ingresar a ninguna institución pública.
Pero estas no son las únicas inquietudes de los funcionarios. Los servidores de Cancillería estarán regidos por tres leyes laborales: la LOSE, la Ley de Servicio Público y la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca).
Según Yepes, esto ocasionará que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores decidan, según su discreción, qué normativa aplicar a cada servidor.
Además, considera que la carrera diplomática se afectará. Pues en su normativa se establecían parámetros para promociones de personal, asignación de puestos, rotación, concursos de merecimientos y oposición, ingreso a la carrera, entre otros aspectos.
Ahora, los funcionarios de carrera, técnicos y administrativos, deberán someterse a nuevas formas de organización y diferentes escalas remunerativas. Pues en la Ley de Servicio Público se fijan nuevas escalas laborales, que en la Cancillería no había.
Este tipo de modificaciones también son cuestionadas por funcionarios de otras instituciones, como la Contraloría, la Función Judicial (ver recuadros).
Ayer, la Asociación de Servidores Públicos de Pichincha se reunió para analizar medidas de hecho en contra del veto presidencial. La idea es evitar que la Asamblea se allane a la objeción y se apruebe la normativa como el Jefe de Estado la envió.
Para que la Asamblea ratifique su texto original, que tuvo la aprobación de 108 legisladores, se requieren 83 votos.
En la Contraloría hay protesta
El veto presidencial a la Ley de Servicio Público dispone que los funcionarios de la Contraloría General del Estado ya no se rijan por su normativa, sino que pasen a formar parte del nuevo orden jurídico.
Esto molestó a los servidores de la entidad, pues en el texto original de la normativa se establecía una excepción para la Contraloría, al igual que otras entidades estatales. Con esto se permitía que cada institución se regule bajo sus propias leyes.
Incluso, los funcionarios tenían un sistema de salarios diferente al de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres), pues era considerado de Régimen Especial, al igual que la Procuraduría.
Pero si el veto pasa, deberán someterse a lo que disponga la nueva Secretaría Nacional de la Administración Pública.
Por ello, los funcionarios analizan pedir a la Asamblea una audiencia para exponer sus argumentos y tratar de conseguir los 83 votos que se requieren para insistir en el texto original.
Los judiciales se reúnen hoy
El Directorio de la Federación Nacional de los Funcionarios Judiciales (Fenaje) y los presidentes de las asociaciones provinciales se reúnen hoy para analizar las propuestas de cambio presidencial a la Ley de Servicio Público.
El encuentro se cumplirá en la sede del gremio ubicada en Quito. El presidente de la Fenaje, Ángel Rubio, manifestó que no tienen críticas de fondo sobre el veto del Ejecutivo. El punto más importante de preocupación será el sistema de financiamiento.
Por eso, Rubio adelantó reuniones con el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para comunicarle esa observación a la objeción presidencial.
Los servidores judiciales, a diferencia de otros funcionarios, no serán divididos si entraría en vigencia las reformas a la Ley de Servicio Público. Ellos mantendrán su sistema laboral.
No obstante, pedirán cambios al Código Orgánico de la Función Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo. Este tema también será tratado hoy.
