El presidente Daniel Noboa aplicó el veto total al proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario, aprobado por unanimidad en la Asamblea el 18 de marzo de 2025. Esta decisión llegó pocos días después de su victoria en el balotaje presidencial y deja en suspenso la entrada en vigencia de esta normativa.
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El veto implica que la ley no podrá volver a discutirse hasta abril de 2026, cuando la nueva Asamblea ya esté en funciones. Para que el Legislativo revierta esta objeción total, se requieren al menos 101 votos, una cifra que será difícil de alcanzar con la futura configuración parlamentaria dominada por ADN y la Revolución Ciudadana.
Los beneficios previstos para los conscriptos en el proyecto vetado
El proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario establecía beneficios concretos para quienes se integraran al servicio. Se contemplaba la entrega de alimentación diaria, equivalente al valor recibido por los miembros activos de las Fuerzas Armadas. También se incluía una asignación económica correspondiente al haber militar.
Entre las medidas se encontraba el acceso a bachillerato acelerado para los participantes. Además, se disponía la reserva de cupo en entidades educativas para quienes ingresaran al servicio luego de aplicar y ser admitidos.
La propuesta preveía prestaciones de salud para los conscriptos durante su participación. Otro punto mencionado era la capacitación alternativa, certificada por centros de formación reconocidos legalmente.
La ley también consideraba el licenciamiento anticipado para conscriptas en estado de gestación. Se establecía, además, que medios de comunicación públicos y privados difundan información sobre el llamado a reservas, con el objetivo de ampliar la convocatoria.
Las observaciones del Ejecutivo a la ley militar
El documento enviado por la Presidencia señala varias deficiencias en la redacción del proyecto aprobado. En primer lugar, no establece con precisión los deberes, derechos ni responsabilidades de los ciudadanos que integren el servicio cívico militar voluntario. Esta falta de claridad, según el Ejecutivo, impide brindar seguridad jurídica a los involucrados.
Otro de los puntos críticos es la ausencia de un marco disciplinario y organizativo para los reservistas. El veto advierte que no se definen funciones, atribuciones ni estructura interna, lo cual impide una aplicación ordenada y coherente de la ley.
El análisis también apunta a que la norma afecta el régimen de personal de las Fuerzas Armadas. Según el Presidente, el texto crea un subsistema ambiguo de gestión que no se ajusta al marco legal vigente. Esto podría causar conflictos con los principios constitucionales vinculados a la estructura de la Fuerza Pública.
Finalmente, el veto incluye reparos de forma, como fallas de puntuación y redacción. Estos aspectos también fueron señalados como generadores de ambigüedad, lo cual refuerza la decisión de frenar por completo su implementación.
El texto aprobado incluía 53 artículos y varias disposiciones complementarias. La Comisión de Soberanía, Seguridad e Integración tramitó este proyecto, que ahora permanecerá archivado durante al menos un año, según establece la ley.
