Publicación de una rectificación no es automática, puede negarse

Rectificación publicada el 20 de mayo de 2015, por pedido del Ministerio de Electricidad, tras un proceso en la Supercom. La noticia sobre el Coca Codo fue publicada en primera plana de EL COMERCIO el 5 de abril del 2015. Foto: Captura

Rectificación publicada el 20 de mayo de 2015, por pedido del Ministerio de Electricidad, tras un proceso en la Supercom. La noticia sobre el Coca Codo fue publicada en primera plana de EL COMERCIO el 5 de abril del 2015. Foto: Captura

Rectificación publicada el 20 de mayo de 2015, por pedido del Ministerio de Electricidad, tras un proceso en la Supercom. La noticia sobre el Coca Codo fue publicada en primera plana de EL COMERCIO el 5 de abril del 2015. Foto: Captura

La resolución de la Supercom en contra de EL COMERCIO “adolece de un grosero vicio” en el procedimiento, genera “inseguridad jurídica”, es “profundamente subjetiva”, y carece de argumentos al momento de establecer la sanción.

Estas son parte de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar nulo y dejar sin efecto el fallo emitido por la Supercom, el 12 de mayo del 2015, en contra de este Diario, por la nota titulada ‘El proyecto Coca-Codo tendrá un ajuste de USD 606 millones’.

En el 2015, el ente de control ordenó al periódico que ofreciera disculpas públicas al Ministro de Electricidad y al Gerente General Subrogante de Coca Codo Sinclair EP. Además pidió que se publicara la rectificación solicitada por las instituciones. Todo debía cumplirse en máximo 72 horas. EL COMERCIO acató el fallo.

Antes de que el caso llegara a la Supercom, el Ministerio de Electricidad exigió directamente una rectificación a este medio. EL COMERCIO le contestó y pidió que indicara cuál es la falla en la nota, pero no hubo respuesta. La secretaría de Estado decidió entonces ir a la Supercom y aseguró que este Diario no rectificó. Así inició el proceso en el ente de control.

El Tribunal de lo Contencioso analizó todo lo ocurrido. En su sentencia advierte que, pese a que la Ley de Comunicación obliga a los medios a publicar una rectificación en el plazo de 72 horas, la misma legislación contempla el derecho a rectificar solamente si esta cabe.

“(Es decir) que esa actividad (de rectificación) no es automática, ya que el medio debe asimismo verificar la pertinencia de la rectificación, pudiendo incluso negarse a efectuarla y es, en ese caso, que puede dirigirse a la Supercom para que investigue y procese objetivamente el caso para determinar si existe violación al ejercicio de ese derecho”, advierten los magistrados.

En la nota del 2015, este Diario aseguró que el proyecto Coca Codo pasó de USD 2 245 millones a USD 2 851 millones. Para la Supercom, existió “deficiencia” en la información.

Hoy, dos años y medio después, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desmiente al ente de control y señala que los datos expuestos en el reportaje están “debidamente respaldados en documentos que fueron puestos en conocimiento” de la Supercom. Y aclara que “las cifras relatadas en la nota son precisas, corresponden a la verdad (...), información que, en conjunto, ha sido contrastada con las fuentes referidas en la noticia”.

Este viernes, 29 de diciembre del 2017,  Henry Tobar, procurador judicial de EL COMERCIO, indicó que el dictamen judicial sienta un precedente para la libertad de expresión y para el periodismo en el país.

“La sentencia observa el procedimiento interno que la Supercom aplica en los procesos. Constata, además, que en este caso puntual la nota cumplió con la verificación, contrastación y precisión que por ley y ética debe cumplir una nota periodística”, aseguró Tobar.

Además, el abogado añadió que “lo fundamental es que en este caso el Ministerio de Electricidad nunca pudo indicar dónde estuvo el error para solicitar la rectificación”.

Este punto también fue analizado por el Tribunal Contencioso. Para los jueces, la resolución de la Supercom carece de argumentación, pues la entidad solo señala, de forma general, que la nota periodística no emitió una información verificada, contrastada y precisa.

Los magistrados aseguran que el fallo de la Supercom “no explica cuáles son las razones por las que considera que la noticia adolece de estos defectos, ni detalla o refiere por qué aprecia que la información allí relatada no ha sido verificada, contrastada y precisa”.

Y añaden que la Supercom no detalla “los hechos noticiosos que no han sucedido; ni tampoco menciona qué versiones de los involucrados han sido omitidas en la nota o cuál es el desequilibrio informativo que distorsiona las versiones recogidas; como tampoco razona cuáles son las inexactitudes o imprecisiones”.

Para el Tribunal, los fallos que no contengan la suficiente argumentación deben ser considerados nulos. Además, advierte que una escasa motivación impide a los jueces conocer las razones en las que se sustentó una determinada resolución, y restringe un mejor pronunciamiento judicial.

El Tribunal exigió, entre otras cosas, que el director de la Supercom, Carlos Ochoa, se disculpe públicamente con EL COMERCIO. Sin embargo, el fallo todavía no está en firme.
Los involucrados tiene dos recursos más antes de que esta sentencia se ejecutorie.

El primero es un recurso de ampliación, que ya fue presentado por la entidad de control (ver nota compartida) y el otro es un recurso de casación, que solo analiza la aplicación de formal de la ley.
El Tribunal está integrado por Patricio Secaira, Verónica Jiménez y Tatiana Martínez.


Punto de vista

Hay que revisar la Ley
Francisco Rocha

Presidente de la Asociación de Editores de Periódicos
La sentencia nos dice que la justicia comienza a funcionar y también nos vuelve a poner en la palestra la discusión sobre la pertinencia de la Ley de Comunicación. En qué medida este instrumento es compatible con los convenios internacionales suscritos por Ecuador. En la sentencia nos damos cuenta que EL COMERCIO publicó la verdad y que no hubo mala fe ni distorsión de los datos. Hay que pensar en un sistema jurídico que defiende al ciudadano y no al poder. Esto nos hace recordar que la Superintendencia fue creada inconstitucionalmente. Ahora se abre un espacio para el periodismo de investigación, pero no hay que olvidar que todavía existe la Ley y una estructura del Estado que no ha cambiado. Hay reglamentos que los puede modificar directamente el Presidente y no lo ha hecho.


La Supercom agotará las instancias legales

La Supercom solicitó la aclaración del fallo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a favor de EL COMERCIO. Lo informó ayer (29 de diciembre), a través de un comunicado.

Ahí se señala que la institución “deja en claro que respeta dicho criterio, pero no lo comparte por lo que ha solicitado la aclaración, tal como permite la ley, lo que suspende la ejecución de la sentencia”.

Este es un nuevo revés a la gestión de Ochoa al frente de la Supercom. El miércoles pasado (27 de diciembre), la jueza Lucila Gómez anuló otra sanción de la entidad en contra del canal Teleamazonas. Y también ordenó que el funcionario pida disculpas al medio de comunicación.

Ochoa tiene 72 horas para cumplir con esta resolución. Sin embargo, este plazo todavía no ha empezado a correr porque las partes no han sido notificadas oficialmente con la sentencia.

Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas, cree que ese trámite se cumplirá el martes siguiente, después del feriado. Además, recordó que luego habrá tres días más para que la Supercom puede pedir la aclaración o ampliación de ese fallo.

Este caso se suscitó luego de que el medio se negara a transmitir una réplica de Ochoa a una entrevista de la asambleísta de oposición Lourdes Cuesta. También se suspendió una multa de más de USD 200 000.

En la justicia también está pendiente una causa penal en contra de Ochoa. Se inició por supuesto uso de documento falso, por la impresión de leyes de Comunicación de bolsillo.

Además, el 11 de diciembre pasado, la Contraloría General notificó al funcionario con dos glosas por USD 122 185 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7 320. La resolución es una consecuencia del informe de la auditoría realizada a Gamatv, cuando él trabajó ahí.

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