Gabriela Rivadeneira (centro-abajo) ha propuesto cuatro proyectos de ley cómo presidenta del legislativo. Foto: Tomada de la cuenta de flickr de la Asamblea Nacional
La presencia de las mujeres en la Asamblea Nacional ha crecido en un 54% en los últimos siete años.
En este período, el 42% (57) de la legislatura está constituida por mujeres; mientras que en el legislativo anterior ese porcentaje llegó al 27% (37). Además, en los tres principales cargos están Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga y Rosana Alvarado.
En la región, solo Cuba y Bolivia tienen porcentajes mayores, según Gina Godoy, presidenta del grupo de mujeres parlamentarias de América.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus observaciones sobre el informe periódico de Ecuador destaca la participación de las mujeres en el servicio público, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional (CC).
Sus conclusiones fueron publicadas la semana pasada.
Pero, ¿este aumento en la representatividad de género se refleja en la toma decisiones y calidad de gestión?
Para la asambleísta Mae Montaño (Creo), la respuesta es negativa. La esmeraldeña dice que la evolución se quedó en la parte cuantitativa y no pudo saltar a lo cualitativo.
Cree que el problema pasa por el nexo político de las autoridades (Gabriela Rivadeneira, presidenta; Marcela Aguiñaga y Rosana Alvarado, vicepresidentas) con el presidente Rafael Correa. Para ella eso contribuye a la configuración patriarcal de la sociedad.
“Es reconocido que hay un discurso machista. Hicieron un esfuerzo por tener más mujeres autoridades, pero su poder de decisión no se siente, hay una sola fuerza, que es la de un hombre”, dice.
De 329 proyectos de ley que se han presentado desde mayo del 2013 (cuando se posesionó esta Asamblea) solamente el 27,1% fue propuesto por mujeres.
Además, en este período, pese a que solo hay 57 curules ganadas por mujeres, son 59 las legisladoras que han participado, incluyendo los reemplazos y la principalización de alternas. De ellas, 33 (55,9%) propusieron proyectos de ley.
La oficialista Ximena Ponce asegura que lo importante en esta temática no es darle un papel predominante a la mujer por su condición de mujer, sino que en el sistema haya igualdad de condiciones para que todas las personas puedan aprovechar sus capacidades.
En medio de esta lógica destaca la creación de los Consejos de Igualdad, entre los que aparece uno con una labor enfocada en los problemas de género. Cree que estas instancias son más eficientes que secretarías, unidades técnicas o ministerios de la mujer.
María José Carrión, legisladora oficialista, en cambio, afirma que el indicador de proyectos presentados no es el más eficiente si se enfoca en los proyectos que han sido aprobados. Añade que el hecho de que una propuesta llegue de un hombre o una mujer no se traduce en su calidad o pertinencia.
Hizo referencia a un proyecto propuesto por Silvia Salgado en el anterior período legislativo. La imbabureña impulsó una ley para prevenir y tratar el cáncer de mama. “La preocupación es coherente, pero no amerita para una ley”, dice.
De 89 proyectos propuestos por mujeres solo dos han sido aprobados en esta Asamblea. Ambos de oficialistas.
El uno fue propuesto por Ximena Ponce y se relacionaba con el reconocimiento del Estado a la cultura, ciencia y deporte; y el otro fue presentado por Marcela Aguiñaga y se refería a una reforma a la Ley de tenencia de tierras.
Para la socialcristiana Cristiana Reyes el país sí ha avanzado en temas de equidad de género en política. Aunque -dice- todavía hay rezagos de machismo, “con actitudes y conductas” de las autoridades.
Recuerda la suspensión a tres asambleístas de Alianza País, al interior del partido, por apoyar la moción para la despenalización del aborto en caso de violación durante los debates por el Código Penal.
El oficialismo aseguró en ese momento que la sanción no fue por pensar diferente sino por haber incumplido los acuerdos de la bancada.
Rocío Rosero, integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, advierte que no es suficiente ser mujer para representar los derechos y demandas del género. Añade que la paridad tiene un contenido político y debe traducirse en legislación, política pública y presupuesto para los mujeres, no únicamente en números.
“Se ha retrocedido en institucionalidad, no hay organismos que protejan los derechos de las mujeres”, dice.
Sofía Argüello, docente de la Flacso y experta en género, puntualiza que pese a que hay mecanismos de inclusión femenina en la política, eso no garantiza la calidad de participación en los debates públicos.
Y que pese a que la Constitución obliga a una división paritaria de candidatos en elecciones pluripersonales, “las mujeres no tienen acceso a la toma de decisiones”.
El Gobierno y el Presidente ya habían recibido críticas por este tema. En marzo de este año, las activistas Silvia Buendía y Karla Calapaqui publicaron un estudio sobre la violencia de género en política, donde lo físico ha estado presente en los discursos políticos.
Se enumeran ejemplos. Entre estos: “¡Qué guapas!, ¿cómo eligen a las concejalas? ¿Por concurso de belleza?”, dijo Correa en el enlace ciudadano 465, en marzo pasado.