Mientras ayer (lunes 2 de agosto del 2021) los maestros intensificaron sus protestas, por el incremento de sus salarios contemplado en la última reforma a la Ley de Educación Intercultural, un proyecto de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), se sumó a las iniciativas legislativas con posibles impactos en el Fisco.
Se trata de la reforma a la Ley de la Circunscripción Especial Amazónica, que fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), la semana pasada en Orellana.
Las reformas a la Ley de esta Función, en su art. 30, vigentes desde mayo de este año, obligan a la Unidad Técnica Legislativa a entregar al CAL informes sobre el impacto al Presupuesto. Además, debe verificar que las propuestas se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve Naciones Unidas.
Así, suman 11 los proyectos de ley de iniciativa legislativa, presentados desde que el 14 de mayo arrancó el mandato de la Legislatura.
El de Llori y las propuestas de otros cinco legisladores tiene impacto económico. Otros cuatro, relacionados con reformas penales y a la Contraloría, no lo tienen y dos más aún no cuentan con este análisis.
El proyecto de ley de Llori persigue una asignación equivalente al 4% del precio de venta del petróleo, por cada barril que se extraiga y que no será menor a USD 2, para un Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. También, que las empresas mineras entreguen asignaciones equivalentes al 4 % del precio de venta de cada onza de oro, onza de plata, tonelada de cobre y de todo mineral que se extraiga de la Amazonía para este fin.
Otro proyecto que fue calificado por el CAL persigue la entrega de insumos de higiénicos gratuitos a mujeres de escasos recursos. La proponente del proyecto de Ley, Johana Moreira (ID), asegura que adelanta contactos con instituciones estatales e incluso con organismos internacionales.
“Estamos articulando esfuerzos para que no sea un proyecto que quede en letra muerta y cuente con los recursos suficientes”, señaló. Este proyecto de ley contempla alianzas con empresas privadas.
El primer vocal del CAL, Darwin Pereira (PK), sostiene que a este organismo le corresponde poner la menor cantidad de trabas posibles para que los proyectos vayan a debate de las comisiones.
“En el debate de una ley así en el interior de la Asamblea, todo el Pleno corre con esa responsabilidad. Aparte de eso hay una facultad colegisladora de la Presidencia de la República”, puntualizó. Es decir, que si el Parlamento, en un afán de cumplir con ciertos sectores, aprueba leyes desfinanciadas, el Presidente de la República debe vetarlas.
La Asamblea ha aprobado un proyecto: la Ley para la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas, que fue remitida al Ejecutivo para sus observaciones y que incluye estímulos económicos para estas provincias, a cinco años del terremoto de Pedernales. Fue presentada en 2018 por la exlegisladora de Creo, Mae Montaño.
En relación a la reforma a la Ley de Educación, que incluye una jubilación especial para ellos, la Corte Constitucional, al acoger una demanda de inconstitucionalidad, advirtió que este proyecto no cuenta con financiamiento y podría afectar los derechos del resto de la población. El expresidente Lenín Moreno no lo vetó.
Pese a las protestas de los maestros, el constitucionalista David Ochoa explicó que la Corte no tiene un plazo específico para emitir un dictamen sobre esta demanda.
“Al momento de tramitar la ley, los asambleístas sabían que no había recursos para esta ley. La razón por la que dieron sus votos seguramente responde a que fue una época de campaña”, apunta Ochoa.
El politólogo Giuseppe Cabrera dice que está en duda la preparación de los legisladores. “No creo que sea solo demagogia, sino que es desconocimiento sobre los límites de su capacidad. Solo el Ejecutivo puede crear tributos o modificar el presupuesto”.