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Protestas por la Ley Laboral se prenden

Los servidores públicos emprenden desde hoy sus movilizaciones. Su objetivo: presionar a la Asamblea para que no se dé paso a las observaciones del Ejecutivo a la Ley del Servicio Público, por considerar que atentan a sus derechos.

En Quito organizaciones sindicales marcharán para exigir al bloque legislativo oficialista que se mantengan en los textos originales del cuerpo legal. Específicamente en los temas relacionados al pago de indemnizaciones y a la compra de renuncias.

En la capital, miembros de la Confederación Nacional de Servidores Público, que aglutina a 120 000 funcionarios públicos, se movilizarán esta mañana a la sede del Legislativo.Durante la jornada de ayer, la dirigencia de la Confederación afinó los preparativos logísticos para la llegada de sus gremios de 23 de las 24 provincias en las que tiene presencia. Sin embargo, sus dirigencia evitó dar cifras del número de servidores que participarán en la movilización.

En esencia, esta organización está en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, de que solo las personas mayores de 70 años podrá cobrar sus indemnizaciones en efectivo, mientras que el resto lo tendrá que hacer con dinero y bonos del Estado.

La argumentación del presidente Rafael Correa es que quienes reciban bonos, necesariamente estarán obligados al ahorro. Se les pagará los respectivos intereses y, al cabo de cinco años, el valor nominal del bono.

Según Héctor Terán, titular de la Confederación, la marcha de este día tendrá un carácter preventivo. Y, ante el eventual escenario político en que la Legislatira se allane a las observaciones presidenciales, anticipó que prepararán una demanda de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, en Guayaquil, varias organizaciones realizaron una marcha en rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de Educación Superior y Servicio Público. A las 16:00 se reunieron en el parque Centenario y avanzaron por la ave Nueve de Octubre hasta la calle Malecón.

La protesta fue liderada por dirigentes del MPD, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas. José Arellano, titular de la Federación, pidió respeto al trabajo se los servidores públicos. Señaló que con el veto, unos 150 000 empleados de la tercera edad perderían sus puestos.

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