21 de February de 2011 00:00

Una protesta a favor de los acusados por el 30-S

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Hoy, los familiares de los policías investigados por la sublevación del 30 de septiembre pasado salen a las calles a exigir una resolución judicial. Ellos reclaman una definición y la libertad de los más de 50 uniformados que están procesados por este hecho.

Desde hace casi cinco meses, cuando se iniciaron las investigaciones, poco a poco se han ido sumando policías a la lista de supuestos sospechosos. Sin embargo, los procesos jurídicos aún no han arrojado resultados.

Esto ha generado desconcierto y malestar en sus familias, las cuales sufren lejos de los procesados sin tener ninguna certeza. Sin embargo, la Fiscalía dice que trabaja a “todo motor” para despachar los procesos pendientes.

Por el 30-S se abrieron cinco investigaciones principales: por el supuesto intento de asesinato contra el presidente Rafael Correa; por presunta insubordinación e incitación a la rebelión; por supuestos daños contra la administración pública, y por el homicidio del policía Froilán Jiménez.

Los casos por presunta incitación a la rebelión, en el que está implicado el mayor (r)Fidel Araujo, y supuesto intento de magnicidio, en el que está acusado el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, están a la espera del pronunciamiento del fiscal para saber si continuará el juicio o no. En audiencias, que fueron convocadas para esta semana, se conocerá si los hombres son acusados de esos delitos.

Sin embargo, sus familiares y defensores temen que en esas diligencias se los acuse. Sus argumentos giran en torno a la presión política que han tenido los fiscales, liderada por Correa.

En varios enlaces sabatinos, el Jefe de Estado acusó a Araujo y a Carrión de los delitos por los cuales luego la Fiscalía los indagó. En el caso de Araujo, Correa dijo que él había promovido la insubordinación policial y se había complotado para derrocarlo.

La prueba máxima del Mandatario fue una fotografía y un video en el cual se observa a Araujo en los exteriores del Regimiento Quito hablando por su celular.

Su abogado, Édgar Pavón, aseguró que Araujo estaba por la zona porque iba a visitar a su madre, que vive cerca al Regimiento Quito. Además, ha señalado que no existe ninguna prueba que lo vincule con la rebelión.

En cambio, con Carrión las acusaciones fueron más duras. Según Correa, el ex Director del Hospital cerró la puerta de la casa de salud, cuando él intentaba escapar de las bombas lacrimógenas y de las agresiones en su contra.

Pero su defensor, Stalin López, manifestó que estas acusaciones han sido desvirtuadas durante el proceso investigativo. Los principales testigos del caso han rendido versiones contradictorias entre ellos y no han podido demostrar a ciencia cierta que Carrión no ayudara al Presidente.

Pero el Ministerio de Justicia, principal acusador, asegura que se demostrará que ellos participaron en la revuelta y que el objetivo era la caída del Gobierno.

Por eso, acusadores y sospechosos esperan escuchar a la Fiscalía.

El primer caso que se resolvería es el de Araujo. Mañana está prevista la lectura del dictamen que preparó el fiscal Luis Enríquez. Esa diligencia se efectuará, a las 16:00, en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha. Luego de la audiencia se conocerá el ex militar va o no a juicio.

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