Gobernabilidad. Esta es una palabra que con mucha frecuencia se usó durante los años de la llamada partidocracia. Sus principales líderes, unas veces en el poder y otras desde la oposición, lamentaban su ausencia, al momento de describir los interminables bloqueos políticos que parecían postrar a un Ecuador, víctima de la crisis económica y la desigualdad social.
Estos líderes decían que el país tenía demasiados partidos y que su atomización en el Congreso impedía que el Ejecutivo emprendiera sus reformas y planes de trabajo.
Luego de siete años de revolución ciudadana “exitosa” en lo político, lo económico y social, el Ecuador de hoy parece estar acechado por el fantasma de la ingobernabilidad, aunque con características totalmente diferentes.
Como nunca en 35 años, hoy existe una Asamblea y un Ejecutivo de un solo color. No solo eso, la mayoría aplastante de Alianza País en la Asamblea permite al presidente Rafael Correa avanzar en cualquier reforma y plan de trabajo que se trace. Es aquí donde surge esta suerte de ingobernabilidad a la inversa.
Todos los proyectos de ley y otras reformas impulsados por el oficialismo en la Legislatura desde mayo del año pasado (reforma minera, ley de medios, explotación del Yasuní, Código Penal) recibieron la misma crítica: falta de apertura y de debate. La oposición y demás fuerzas sociales se sienten aisladas de las agendas del Gobierno.
Por eso, muchas de las decisiones que se toman en el Pleno han generado inconformidad social como la protesta de los jóvenes por el Yasuní o la amenaza de renuncias masivas de los médicos por el Código Penal.
Hay gente en Alianza País que, sin ser citada, atribuye sin ningún problema el revés electoral del oficialismo a este descontento social por la forma en la que aprueban las leyes. Si el Régimen no se abre y acoge las otras voces de la sociedad, por muy minoritarias que sean, su aplastante mayoría se convertirá en el nuevo indicador de la ingobernabilidad del siglo XXI.