El Presidente no rehúye ninguna batalla en contra de las organizaciones internacionales. No importa si son regionales, continentales o mundiales. El último ’round’ fue contra Human Rights Watch (HRW), por el informe que presentó la semana anterior.
El documento señaló que Ecuador había sufrido un revés en cuanto a libertad de expresión, por la aprobación de la Ley de Comunicación, que contiene “disposiciones poco precisas” y “regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa”.
De inmediato llegó la reacción del Primer Mandatario. En un conversatorio con prensa extranjera ironizó sobre el reporte y dijo “no voy a poder dormir, ya vamos a pedir la derogación de la Ley de Comunicación porque la solvencia moral de Human Rights Watch es incontestable”.
A esta riña se han sumado las otras que ha mantenido con las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Transparencia Internacional (TI) y Freedom House. Estas han cuestionado la situación de los derechos humanos en el país y han denunciado un supuesto incremento en la percepción de corrupción.
Sin embargo, la respuesta del Mandatario siempre ha sido la misma. Minimizar las críticas, descalificar a quién las profiere y demostrar que este es un “Gobierno soberano”.
Este procedimiento lo aplicó durante la sabatina de la semana anteior. Allí mostró su malestar porque la ONU pidió información sobre el tema del aborto y la sanción para quien lo practique, incluso en los casos de violación, conforme consta en el Código Integral Penal. Según el presidente Rafael Correa, esta petición constituyó una falta de respeto al país, porque como nación “soberana”, puede “tomar sus propias decisiones”.
Hay una doble moral increíble, nos tratan como colonias, es parte de neocolonialismo. A liberarse pueblo ecuatoriano, a no aceptar intromisiones ilegitimas e ilícitas de esta burocracia internacional, a veces tomada por ciertos grupos de poder y de interés, que nos vienen a exigir lo que nunca cumplieron”, señaló Correa.
Desde el inicio de su Gobierno, estas reacciones se han vuelto más y más duras. Incluso, se trató de reformar el formato con el cual la CIDH emitía sus informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el continente. Según el Mandatario, el organismo continental siempre cuestiona a los países con “gobiernos progresistas”, como Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
En el último enlace de los sábados, realizado en Calderón, se defendió de aquellos que cuestionan la diplomacia ecuatoriana por no tener apoyo en su formulación de cambiar la sede CIDH, que radica en Washington. “Si así fuese cierto, compañeros, nosotros no somos mercaderes y no decimos las cosas por cuánto vamos a ganar o perder, las decimos por principios y así representamos bien al pueblo”.
Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, el Gobierno utiliza como argumento “el ataque; es querer enlodar a una organización independiente que se financia con aportes privados y no de gobiernos”. Así respondió a las críticas que hiciera el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, al informe anual del organismo internacional.
Sin embargo, el internacionalista Michel Levi cree que muchos de los reportes que se emiten a escala internacional “utilizan indicadores que están mal estructurados”. Esto determina, a su criterio, los resultados que se presentan. “Hay ciertas estructuras no gubernamentales que responden a intereses de poder muy específicos. Los informes de organizaciones como Human Rights Watch hay que tomarlas en consideración, pero no son absolutos. Los indicadores deberían ser analizados también por los analistas antes de pronunciarse sobre los reportes”.
Aunque también está consciente que desde el Ejecutivo se utiliza de forma “exagerada” el discurso de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.
Aún permanece en la memoria su salida de la XXI Cumbre Iberoamericana de Asunción, en el 2011. El entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, le dio la palabra a la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, porque ese organismo había pretendido chantajear al Gobierno.
No obstante, el enfrentamiento no ha sido solo con organizaciones no gubernamentales. El año pasado, terminó de manera unilateral, un convenio con Alemania para conservar el parque nacional Yasuní, luego de que esa nación europea anunciara que estudiaría la decisión del Gobierno de explotar el crudo de los bloques ITT. Alemania había comprometido un aporte económico para la iniciativa Yasuní.
La dignidad del país no está en venta. Señores (alemanes), quédense con su plata, rechazamos unilateralmente el convenio. Sabremos salir adelante sin la prepotencia de ciertos países que siempre se han creído los dueños del mundo”, dijo Correa en agosto pasado.
Sin embargo, Ecuador se encuentra en estos momentos diálogos con la UE para llegar a acuerdos comerciales. Aquello ha sido visto positivamente incluso por sectores de la oposición, como Guillemo Lasso, su principal contrincante en las elecciones presidenciales del 17 de febrero pasado.
“Necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”, dijo Lasso para explicar por qué decidió apoyar al Ejecutivo en esta iniciativa.
La salida de agencias de cooperación internacional, como la Usaid, pudiera ser visto como otro bemol de la diplomacia. Para el Gobierno, no debería afectar la relación bilateral, ya venida a menos.
En contexto
El país lleva adelante la propuesta para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deje Washington y se traslade a algún país adherente al Pacto de San José de Costa Rica, que Estados Unidos no ha firmado.