El conflicto indígena por la Ley de Aguas hace que desde Carondelet se lancen tiros en direcciones contrarias. Por un lado, los miembros del Gobierno dicen que no les preocupa las movilizaciones. Pero han activado una estrategia política y comunicacional para desactivar las protestas.
El discurso del Régimen frente al movimiento indígena se polarizó. Desde el Palacio ya no se proponen mesas de diálogo como ocurrió en septiembre pasado, luego de que la Conaie se había movilizado. Por el contrario, el presidente Rafael Correa dejó de lado cualquier espacio de negociación, prefiriendo convocar a las bases de Alianza País a un levantamiento. “Marchemos, somos muchos más”, dijo en tono firme, el lunes por la tarde, durante la posesión de Freddy Ehlers como ministro de Turismo.
Para Santiago Basabe, académico de la Flacso, independientemente de que los pedidos indígenas guarden o no coherencia, es una actitud irresponsable que Correa intente contraponer a ciudadanía con la ciudadanía. “Resultaría terrible un enfrentamiento así en las calles”.
Si se toma, al pie de la letra, las palabras del Presidente, se pudiera concluir que en el Ejecutivo hay preocupación por el avance de los indígenas.
Sin embargo, esta lectura tampoco es clara. A decir de Doris Soliz, ministra de Coordinación Política, el Régimen está convencido de que las movilizaciones que lideran la Conaie, la Feine y la Fenocin se debilitan.
En menos de 24 horas, Correa bajó el tono de su discurso. “No pasa nada, un grupo quiere adueñarse del agua y no lo permitiremos”, dijo ayer en Guayaquil.
No obstante, el bombardeo de cadenas nacionales para informar que la Ley no es privatizadora continúa. Esa es la idea de José Agualsaca, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), organización cercana Correa. “No estamos respaldando al Gobierno sino a un proceso”. Aunque critica las actitudes beligerantes de Correa y la Conaie.
Por su lado, las intervenciones de los ministros se han alineado al denominado Discurso Político Unificado que se construye desde el Régimen. Utilizan las mismas palabras del Presidente, en el marco de su discurso confrontativo con la dirigencia indígena.
El blanco de las críticas de Correa es la cúpula de la Conaie. En su fuerte reprimenda del lunes, la deslegitimó. “ (Los dirigentes) les cobran desde USD 20 de multa a los comuneros si no bajan a cerrar las vías”. A su criterio, la protesta de la Conaie es un fracaso. “Desde el 2000 estos grupos han recibido dos millones de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero? Deben rendir cuentas”.
Luis Pachala, quien encabezó los diálogos indígenas en el Gobierno de Lucio Gutiérrez y actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana, cree que es un error que Correa muestre un discurso agresivo. “No deben marginar a nadie al diálogo. Debe ser más conciliador”.
La dureza de las palabras de Correa no esconden las contradicciones políticas de su Gobierno a la hora de tasar el impacto de las manifestaciones. Correa viajó a Colta (Chimborazo) a entregar viviendas. Lo hizo el día de mayor tensión en la Asamblea.
Para el analista Felipe Burbano de Lara, estas actitudes demuestran que el Gobierno está preocupado. “El Presidente ha tenido una reacción dura y un tono parecido a los discursos de los grupos más derechistas que juzgaban con las mismas palabras al movimiento indígena”.
Mientras tanto, Soliz descarta un diálogo a la fuerza ya que el debate sobre la Ley de Aguas está agotado. “No son movilizaciones espontáneas, sino presionadas por sus dirigentes”. Eduardo Paredes, miembro del buró político, comenta que los informes que les presentaron dicen que las marchas van perdiendo fuerza.
Pese a esos resultados, el Gobierno no descansa. La Secretaría de los Pueblos, entre el 4 y el 10 de mayo ha recorrido cinco provincias de población indígena. “No tratamos sobre la Ley de Aguas, pero vemos que las bases no están con sus dirigentes”, dijo Orlando Pérez, subsecretario.