Antes de que el Gobierno boliviano decidiera impulsar un proyecto de Ley de Comunicación para regular el trabajo de la prensa, los reporteros tomaron la iniciativa.
Se organizaron y buscaron una forma de mejorar su trabajo. Hace seis meses, las distintas asociaciones de periodistas de todo el país se unieron para buscar medidas de autorregulación.
En enero, el presidente Evo Morales anticipó el debate de una ley para “callar a los mentirosos de la prensa”. Ese anuncio no es nuevo en la región, se ha repetido en Argentina, Venezuela y Ecuador. Aunque en Bolivia el proyecto del ley todavía no se ha convertido en una realidad (ver recuadro).
Mientras Morales mide sus tiempos, la prensa independiente ha diseñado una agenda propia en su defensa. El martes y miércoles de la semana pasada se reunieron 40 periodistas bolivianos en Tarija, una ciudad ubicada al sur del país, parecida a cualquier urbe de la serranía ecuatoriana.
En el grupo estaba Ronald Grebe, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP). Él recuerda que el anuncio de Morales adelantó un proceso que la prensa boliviana lo tenía en carpeta: la conformación de un organismo encargado de imponer sanciones morales a los medios de comunicación que violen los derechos de los ciudadanos.
Un primer caso fue la sanción que recibieron cuatro canales de televisión por una cobertura de crónica roja. La Policía había organizado un operativo para allanar una casa de tolerancia ilegal y convocó a los medios para que hicieran la cobertura respectiva.
Pero en la transmisión de los noticieros fueron difundidos los rostros de las mujeres que allí trabajaban. Aquello fue considerado una violación a la privacidad y los canales fueron sancionados moralmente. Tres pidieron disculpas públicas.
Esta sanción moral fue aplicada por el Tribunal Nacional de Ética. Este organismo está conformado por los gremios de periodistas de Bolivia, quienes vieron la necesidad de autorregularse según lo dispone el artículo 107 de su Constitución.
Su numeral II señala que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios”.
El Tribunal está integrado por cinco miembros, tres periodistas con trayectoria y dos juristas . Entre ellos el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa. El organismo entra en acción cuando la ciudadanía, los medios de comunicación o las autoridades estatales consideran que una información ha lesionado algún derecho.
La idea no es nueva. Según Grebe, en 50 países del mundo se aplica este tipo de autorregulaciones. Por lo que haberse conformado en Bolivia ese Tribunal “es un gran paso para ser transparentes con la ciudadanía”.
El organismo nació como una idea de los periodistas, mas no de los medios, para darle un perfil más independiente.
En Ecuador la figura de la autorregulación ha sido un tema ignorado por el presidente Rafael Correa. El nuevo Tribunal Nacional únicamente tiene facultades para revisar temas éticos.
Para los delitos de opinión e injuria están los llamados Tribunales de Honor de Bolivia.
La Ley de Imprenta de 1925 crea estos espacios en los distintos municipios facultados a emitir una sanción de corte económico. La prensa boliviana cree que más allá de crearse una nueva ley de Medios se puede actualizar la de Imprenta donde participen los medios audiovisuales.
Anuncio de una Ley, preocupa
En enero pasado, el presidente Evo Morales adelantó que “se está trabajando en una ley para callar a los mentirosos de la prensa”. Este anuncio preocupó a los periodistas que iniciaron la defensa de la Ley de Imprenta, vigente.
El punto vital para las asociaciones de cronistas es la reserva de la fuente, reconocida en legislaciones internacionales, y principal objetivo de ataque del Gobierno.
Por el momento, varias autoridades del Ejecutivo han asegurado que no se trabaja en ningún proyecto de ley. Pero en la Vicepresidencia de la República han informado que la propuesta legal se configura en esa dependencia.
Para los periodistas, si el proyecto legal pasa a la Asamblea, será aprobado inmediatamente.
La razón: el partido gobiernista Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con la mayoría de representantes en las dos cámaras de representantes de Bolivia.