El miércoles, según se ha anticipado, el presidente Fernando Cordero convocará oficialmente a la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, cuya votación fue suspendida hace dos años y tres meses.
Desde el miércoles, las organizaciones que agrupan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afros y montubias podrán inscribirse. Hasta hoy se calcula que serían unas 6 000, según registros. El plazo: 20 días, para anotarse en el proceso, previsto en la Constitución, en el artículo 57.
El numeral 17 establece que la consulta debe efectuarse antes de tomar una medida legislativa que pudiera afectar derechos de los pueblos. En el caso de la Ley de Aguas, la prelegislativa se desarrollaría también en 20 días, como dice el instructivo aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que reúne a las autoridades y que cuenta con mayoría de Alianza País.
Pero ¿cuándo tomará el proceso de consulta? Asambleístas no afines al movimiento Alianza País ponen un tope máximo: hasta noviembre el proceso debe haber concluido y las respuestas de los pueblos indígenas, de consenso y de disenso, debieran ya ser tratadas por el Pleno.
Marco Murillo (Alianza Libertad) considera que hasta finales de este mes debiera empezar a consultarse a las comunidades. Luego vendría el período de asambleas provinciales para identificar consensos y disensos. Los primeros irían directo al texto del proyecto y los otros serían debatidos en el Pleno.
Así, el proceso concluiría a más tardar en noviembre. Entonces llegaría a manos del Presidente de la Asamblea, que tendría que agendar el tema para dar paso a la aprobación de la Ley de Aguas, que al igual que la de Comunicación debió despacharse hasta octubre del 2009.
Sin embargo, Murillo no se muestra optimista. Él recuerda que el desarrollo de la consulta previa ha sido aplazado en varias oportunidades.
Uno de los obstáculos fue el veto del Ejecutivo a la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que incluía el reglamento para viabilizar la pre legislativa.
Eso hizo que Cordero no pueda cumplir con la palabra que les dio a los dirigentes de la Conaie, el 22 de marzo, tras la marcha por la vida. Ese día dijo que la consulta se efectuaría en mayo de este año.
Además, hay otras razones para sospechar de la intención de A. País de concluir el trámite de esta ley. En su objeción, el presidente Rafael Correa recomienda utilizar la sentencia de la Corte Constitucional, de mayo del 2010, que faculta a la Asamblea a reglamentar la prelegislativa.
Entonces, la pregunta de asambleístas del MPD y Pachakutik es ¿ por qué se dejó pasar tanto tiempo y no se la aplicó antes? Las hipótesis: en un año electoral, el tema podría traer problemas con la Conaie e incluso con una organización aliada: la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Su presidente Luis Andrango ya anticipó en abril que trabajan junto a la Conaie para que la agenda trazada por el movimiento indígena se cumpla. Es decir, la aprobación de leyes de Recursos Hídricos y de Tierras y Semillas.
Ahora que finalmente se daría paso a la consulta hay más críticas. Andrés Páez (ID), integrante de la mesa de Soberanía Alimentaria, a cargo del tema, señala que es inconstitucional realizar una consulta sin la existencia de una ley orgánica que la regule.
Páez no acepta que el CAL haya aprobado un reglamento para aplicar las prelegislativas de las leyes de Aguas y Cultura.
Pese a este tipo de posturas, Gerónimo Yantalema (Pachakutik), quien también es parte de la mesa de Soberanía, asegura que se acabaron los pretextos para no terminar el trámite de esta ley, hasta abril del 2013, cuando finalizará el período legislativo.
Yantalema se queja porque el trabajo en torno a la Ley de Tierras se detuvo por el accidente que sufrió Irina Cabezas, presidenta de la mesa, quien no titularizó a tiempo a la Vicepresidenta. Cabezas no estuvo disponible para hablar sobre el tema.
Murillo va más allá y dice que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado, en el caso Sarayaku, sentó un precedente. “Estamos sujetos a una condena si incumplimos con el derecho a consultar a los pueblos”, manifestó.
Por su parte, el oficialista Pedro de la Cruz afirma que Alianza País quiere cumplir con la Constitución y aprobar las leyes de Aguas y Comunicación. “Pero si no hay votos, estamos complicados”, dice y ubica un problema que demoraría el desarrollo de la consulta. “Tenemos dificultades en la producción de materiales por el tema de la contratación a través de la subasta inversa”. Eso tomaría unos 20 ó 25 días.
Otro oficialista, Jaime Abril, ex presidente de la mesa de Soberanía, cree que los tiempos establecidos no son una camisa de fuerzas y se pudiera pensar en ser más flexibles. Espera que quienes sean consultados no insistan en que el Consejo Plurinacional del Agua sea el rector del sistema.
“Es inconstitucional, la rectoría le corresponde al Presidente de la República”, indicó y no precisó cuándo el tema podría ser aprobado o negado en el Pleno.