13 de July de 2012 00:03

Postulación de Guillermo Lasso se siente amenazada

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La candidatura presidencial de Guillermo Lasso se siente “amenazada” por los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre una supuesta campaña anticipada.

Para el movimiento Creo, que apoya la postulación del ex banquero, no hay motivo para que la autoridad electoral haya anunciado que imputará al gasto electoral la promoción de imagen que realiza Lasso, hace meses atrás.

“A pesar de que cumplimos la Ley (Electoral) somos amenazados”, señala César Monge, director de Creo, que mueve la estructura partidista del ex Presidente del Banco de Guayaquil.

Desde la óptica del movimiento de Lasso, no hay instrumentos legales para que el CNE pueda considerar que esa campaña de imagen pueda ser considerada como precampaña electoral.

Su postura parte del hecho de que el 18 de octubre el Consejo realizará la convocatoria a las elecciones generales del 17 de febrero. Y que el período de campaña electoral empezará en enero, según lo establece el calendario aprobado por el CNE.

“Si estamos cumpliendo con la Ley y la autoridad electoral dice que estamos en campaña adelantada, es normal sentirse amenazado”, enfatiza Monge.

Para Creo, la autoridad electoral no está midiendo con la misma vara la campaña de imagen del ex banquero y las apariciones mediáticas del presidente Rafael Correa, quien ha dejado entrever su posible reelección.

“(El CNE) tendría que controlar que los funcionarios públicos no se promocionen con el dinero de los ecuatorianos”, dice Mae Montaño, del movimiento Visión Ciudadana, aliado de Creo.

Sin embargo, para Domingo Paredes, titular del CNE, los espacios mediáticos de Lasso sí constituyen campaña anticipada y deben imputarse al gasto.

Esa postura del Consejo tiene mayor peso luego del pronunciamiento de la tarde de ayer de la Corte Constitucional. Ese organismo dijo que el proceso electoral está en marcha desde febrero (nota superior derecha).

No obstante, para Paredes, las campañas publicitarias del gobierno de Correa no caen en el concepto ‘anticipada’. Su argumento es que el líder de Alianza País es un funcionario público.

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