En las bancadas hay criterios divididos después de que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), suspendió la sesión 788 del Pleno donde constaba como único punto la posesión de Raúl González como nuevo Superintendente de Bancos.
Esto ocurrió el pasado viernes después de que el Secretario del Parlamento informó sobre la medida cautelar que emitió una jueza de Samborondón, en Guayas, quien dejó sin efecto la designación de González en ese puesto.
Consultados por este Diario, asambleístas de los bloques del correísmo (Unes) y del Partido Social Cristiano (PSC) mostraron su desacuerdo con la suspensión de la sesión.
“Hay que reinstalar y cumplir con el acto de posesión, que es lo único que le corresponde a la Asamblea”, dijo Juan Cristóbal Lloret.
El socialcristiano Luis Almeida manifestó que ya en otras ocasiones las acciones de protección no han impedido que el Pleno actúe, como en el proceso de remoción a la expresidenta, Guadalupe Llori, y que en este tema se debía proseguir del mismo modo.
“No conozco yo por qué (Saquicela) lo hizo, pero en todo caso, creo que el procedimiento es seguir. No cabe otra porque no pueden hacer ninguna reconsideración, no pueden corregir o devolver la terna. A nosotros lo único que nos toca es posesionarlo”, enfatizó.
“No hay acefalía”
La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Wilma Andrade (ID), y la oficialista Blanca Sacancela, integrante de la Comisión de Régimen Económico, señalaron que se deben acatar las decisiones de los jueces.
“Mientras existan o no se levanten las medidas cautelares, no se puede proceder a la posesión. No tememos nada más que hacer”, recalcó Andrade.
Las legisladoras descartaron que la Superintendencia esté en acefalía, pues organismos de este tipo cuentan con autoridades subrogantes o encargados de las acciones y responsabilidades de manera temporal.
“A mi criterio, la Asamblea me parece que ha hecho bien en suspender la sesión. Debemos ser respetuosos a la independencia de funciones del Estado. Debemos cumplir la ley”, apuntó Sacancela.
La suspensión regirá hasta que se resuelva esa acción de protección interpuesta por Mishel Guerra, abogada en libre ejercicio, por supuesta vulneración de derechos como el del debido proceso.
Saquicela indicó en su momento que convocará al tratamiento de ese punto cuando legalmente corresponda.
La última diligencia se cumplió en el juzgado de Samborondón el viernes pasado, pero hasta ahora no se conoce una resolución. El asambleísta Almeida pidió actuar en la diligencia, según dijo para defender la independencia de funciones, pero no fue aceptada.
En febrero pasado la Asamblea destituyó por supuesto incumplimiento de funciones a Ruth Arregui como superintendenta de Bancos y desde entonces la entidad no cuenta con una autoridad titular.
