Políticos respaldan el informe de Contraloría sobre la verificación de firmas del CNE
La Concertación no pudo inscribirse en 2012, su trámite se alargó hasta mediados del 2014. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las organizaciones políticas que quieran tener personería jurídica o que busquen impulsar una consulta popular deberán someterse al sistema de validación de firmas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es el caso de la Izquierda Democrática, Democracia Sí, Unión Popular o la consulta popular antiminera de Quimsacocha y, de darse paso, las que buscan impedir las enmiendas.
Si la falta de confianza hacia este sistema surgió en medio del escándalo del 2012, durante la reinscripción de los partidos y movimientos, la auditoría que realizó la Contraloría General devuelve al escenario este capítulo considerado uno de los más críticos en los siete años de existencia de la nueva autoridad electoral.
El 30 octubre del 2014, la entidad de control aprobó su informe final sobre el contrato del sistema y los gastos para el proceso de verificación de firmas del 2012: el resultado fue adverso.
Los procesos de contratación, ejecución y verificación tuvieron irregularidades y los resultados no fueron confiables. Además, el sistema padece inconsistencias en los mismos aspectos que fueron denunciados por los movimientos y partidos en ese entonces. Sin embargo, las denuncias y reclamos no fueron escuchados en el momento.
Actualmente, la verificación de firmas se realiza con el mismo sistema que es cuestionado por Contraloría. Con este se verificaron las rúbricas de Yasunidos, que finalmente no pudo lograr la consulta popular contra la explotación petrolera en el Yasuní , argumentando que faltaban 224 562 firmas.
Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, explicó que se han hecho modificaciones para mejorar su desempeño y ahora “sin duda es mejor”.
Pero las resoluciones que tomó el CNE sobre ese sistema, en 2012, permitieron o no a las organizaciones políticas participar en los procesos electorales del 2013 y 2014.
En el ámbito nacional hubo partidos y movimientos que no superaron el proceso y por ende no pudieron participar en los comicios del 2013. Uno de ellos fue la Concertación. César Montúfar, líder de esta agrupación, recuerda que con su descalificación no pudieron participar en las elecciones del 2013. Insiste que era un proceso político para “acomodar el escenario electoral”, que apuntó a generar que el rechazo de la opinión pública a las organizaciones políticas.
Para María Paula Romo, del extinto movimiento Ruptura, el informe solo es un factor más que abona la desconfianza y la falta de legitimidad del CNE. “Escondieron -como lo han seguido haciendo- una acción política con el argumento de la legalidad y las inconsistencias ‘técnicas”.
El tema va mas allá, pues para los actores políticos el fondo es la desconfianza de la validez del Registro Electoral de Organizaciones Políticas. Mauricio Tayupanta, nuevo vocal del CNE, se reserva sus comentarios hasta no conocer la notificación oficial de los resultados de la auditoría, aunque reconoció que en el caso de que el informe de Contraloría permita impugnar las decisiones del 2012 “sería gravísimo”, porque se estarían jugando muchísimos intereses del país.
Otro punto que señalaron los partidos y movimientos fue que el personal contratado para la verificación tenía en sus manos la decisión de aceptar como válidas las firmas o rechazarlas, sin que hubiera forma de medir la confiabilidad de su juicio. Lo cual también es una conclusión de la Contraloría para determinar la falta de confiabilidad en los resultados.
No obstante, Pozo aclara que solo el 40% de las firmas pasó a la verificación manual. Y que si el verificador tenía dudas la rúbrica iba al filtro especializado de los peritos grafológicos. Sostuvo al mismo tiempo que la experiencia fue útil, aclaró que no se trata de ninguna persecución política, sino de un mandato constitucional.
A su forma de ver, la Contraloría no pone en entredicho el resultado de la verificación. Y Pozo resalta el nuevo proceso ya que los anteriores se hacían solo con el número de cédula e incluso “al peso” según la cantidad de formularios que se presentaban.
Para Gilmar Gutiérrez, presidente del PSP, el informe de la Contraloría llegó tarde y no causa sorpresa. Su principal argumento en contra de la autoridad electoral fueron justamente los obstáculos para realizar una auditoría a sus sistemas, lo cual “nos confirma que ocultan algo”.Andrés Vallejo, uno de los dirigentes de la Izquierda Democrática (ID), que busca reinscribirse, acepta que el aspecto técnico del proceso siempre es sujeto de perfeccionamiento. Pero que lo fundamental es el ética de la autoridad”.
CIFRA
12 organizaciones políticas nacionales recibieron la personería jurídica por parte del CNE en octubre del 2012.
