Tres jueces de la Corte Constitucional dispusieron, el miércoles pasado, una medida cautelar que permitirá que el actual Contralor General del Estado y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) puedan participar en los concursos públicos para escoger a sus nuevos titulares, sin tener que renunciar a sus cargos.
Estas nuevas reglas entran a operar a cuatro días de que inicien oficialmente los procesos de selección de los nuevos funcionarios. Desde el próximo lunes, los ciudadanos que deseen participar en los concursos públicos para elegir al Contralor, vocales del TCE y Defensor Público, podrán presentar sus postulaciones hasta el 27 de enero, en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Sin embargo, existía una limitación para las postulaciones. La transitoria octava de la Ley Orgánica del Cpccs establecía que, para los procesos de selección, las autoridades encargadas por la Asamblea Constituyente y las designadas en el Régimen de Transición podrán participar en los concursos para un nuevo período, previa su renuncia. Si esa normativa seguía vigente, el contralor Carlos Pólit y los 10 jueces electorales debían haber dejado sus cargos para quedar habilitados. Hasta el 26 de enero, debían presentar sus renuncias, pues las inscripciones terminan el 27.
Pero los jueces constitucionales Roberto Bhrunis, Hernando Morales y Ruth Seni Pinoargote admitieron una demanda presentada por el ciudadano Jimmy Fabricio Morocho Pasaca. Este planteó que se declare la inconstitucionalidad de la frase “previa su renuncia”, en la transitoria octava de la Ley del Cpccs, “por considerar que vulnera gravemente los derechos de participación en igualdad de condiciones”.
Los tres jueces admitieron a trámite esa causa “por existir motivos suficientes” y solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de la frase impugnada. Habilitaron así a Carlos Pólit y a los jueces electorales a que puedan participar en el concurso, sin dejar sus cargos.
Este fallo se produjo a las 10:50 del miércoles 11. Esa noche, la prensa advirtió de la cena que mantuvieron en el restaurante Chez Jerome, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
El vocal del Cpccs, David Rosero, cuestionó el dictamen. Pero dijo que como las decisiones de la Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación, son vinculantes, ellos deben acatarlas de inmediato. Estas condiciones generan un nuevo escenario para las actuales autoridades que se lanzarán a la reelección. En el caso de Pólit, quien todavía no ha hecho pública su postulación, pero que se ha confirmado por fuentes de Contraloría, participará en el concurso mientras continúa siendo el juez de cuentas del Estado. Este Diario solicitó desde el 21 de diciembre una entrevista con él, sin resultados.
Antes del pronunciamiento de la CC, Pólit hizo algunos cambios. La semana pasada nombró un nuevo subcontralor. Es Wilson Vallejo quien trabaja 11 años es ese organismo. Él recordó que la Corte solo ha dictado medidas cautelares en la demanda de Morocho. Es decir, que aún no se ha pronunciado sobre el pedido de inconstitucionalidad. Pero admitió que “legalmente el Contralor no tiene inconvenientes para participar” mientras sigue en el cargo. Pero si lo hace, Pólit deberá delegar los asuntos que no pueda realizar cuado deba cumplir las fases del concurso.
Al jurista Santiago Guarderas no le sorprende la actuación de la Corte Constitucional “que cambia las reglas del juego a última hora”. Para él, en sus anteriores resoluciones ha demostrado que mas allá de proteger los derechos de las personas y ser un órgano de interpretación “ha favorecido las tesis del oficialismo”.
Además le llama la atención que quien plantee la inconstitucionalidad de la renuncia, sea un ciudadano a quien no le afecta la norma cuestionada. “Se utilizan a terceros para proponer acciones que no afectan los derechos de la persona, sino que benefician a los candidatos del oficialismo”, dijo.
Al asambleísta César Rodríguez le preocupa las medidas dictadas por los tres jueces y dice que “estamos en manos de un manejo arbitrario y discrecional. La Constitución se encoje para beneficios particulares”, señaló.
La vocal del Cpccs, Andrea Rivera, asegura que más allá de que exista una normativa que les permita a las autoridades participar sin renunciar, “deberían hacerlo como un compromiso ético, pues que participen en el concurso y la vez estén a la cabeza de los organismo, es cuestionable”.
La Comisión de Selección que escogerá al futuro Contralor aprobó el cronograma tentativo de trabajo. Se espera que para mayo se designe a la nueva autoridad.
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