1 de February de 2011 00:00

La polémica sigue entre Velasco y Montúfar

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El 16 de abril de 1997 se constituyó en la Notaría Tercera del cantón Quito Radio Producciones La Luna Ravimus Compañía Limitada, con un capital social de 10 millones de sucres. Para celebrar esa escritura pública comparecieron como accionistas Luis Dávila, Ataúlfo Tobar, Paco Velasco, Byron Garzón y Diego Landázuri.

En la segunda cláusula del documento, que luego fue refrendado en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías, se establece el objeto social como una radiodifusora privada, con una duración de 50 años.

En el capítulo tercero se habla de la administración y representación de la compañía, que en el artículo séptimo señala: “El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Socios y la administración al Presidente y Gerente General”.

Y más adelante señala que el Presidente durará dos años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente, siendo sus atribuciones y deberes: convocar, dirigir y presidir las reuniones de la Junta General de Socios; reemplazar al Gerente General en caso de ausencia y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones.

Además, supervisar la marcha administrativa de la compañía y la gestión de sus funcionarios, marcar las políticas generales, presentar informes a la junta, suscribir, conjuntamente con el Secretario las actas'”.

El asambleísta Paco Velasco fue nombrado presidente de la emisora en el 2005 y ocupó ese cargo hasta junio del 2010.

Ayer, el legislador César Montúfar (Concertación Nacional) dijo que Velasco mintió al afirmar que solo tuvo un cargo honorífico de presidente en La Luna, lo cual se evidencia precisamente en los estatutos de la compañía.

“Es decir que Velasco estaba a cargo, supervigilaba y era parte del gobierno de la compañía, incluso luego de ser nombrado asambleísta, lo que está prohibido por la Constitución y la Ley”, apuntó Montúfar, quien pidió formalmente que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) investigue a Paco Velasco y lo destituya.

Además, Montúfar presentó una carta de 1999, de Diego Landázuri, que prueba que no han cambiado los estatutos. “Le posesiona a Ataúlfo Tobar como gerente y le dice "le corresponde ejercer la representación legal, judicional y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente. Era estatutariamente representante legal y extra legal en conjunto con el gerente. Es otra mentira".

Entre el 2007 y el 2010, La Luna recibió contratos de publicidad con, al menos, 16 entidades del sector público. Ayer, Montúfar mostró dos contratos más: uno del Ministerio de Minas y Petróleos por USD 193 000 (Plan de Soberanía Energética) , y otro del Municipio de Quito.

Velasco, por su parte, envió un comunicado de prensa en el que insiste en que los montos de los contratos no llegan a 1,2 millones como denunció Montúfar. Él admitió que es posible que haya una equivocación en las cifras, pero lo importante es que como Presidente de la compañía La Luna contrató con el Estado.

En este contexto, se preguntó ¿quién protege a Velasco? Esto porque el 21 de enero, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) le pidió ampliar la documentación de la denuncia, aunque dice haber presentado toda la documentación necesaria. El CAL está integrado por cuatro oficialistas: el presidente Fernando Cordero y los vicepresidentes Irina Cabezas y Rolando Panchana, más Pedro de la Cruz. Además Rocío Valarezo (ADE), cercana al movimiento Alianza País; además de Lourdes Tibán (Pachakutik) y Fausto Cobo (PSP). Estos dos últimos legisladores habrían logrado que el CAL no archive el pedido de destitución planteada por Montúfar en contra de Velasco y que al menos se solicite que entregue más información al respecto. Hoy, Montúfar la presentará, pese a que el plazo vence mañana.

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