3 de August de 2011 00:01

Polémica por el gasto electoral de Correa

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El viernes próximo vencerá el plazo para que los sujetos políticos que participaron en la consulta popular del 7 de mayo justifiquen sus gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hasta ayer, 13 organizaciones de las 41 que deben presentar este requisito lo hicieron (ver tabla). Sin embargo, el presidente Rafael Correa será el único que no debe justificar los gastos de su campaña, porque el CNE aceptó su solicitud, expresada en una carta del 10 de marzo, en la que señalaba que no le correspondía asignar responsable del manejo económico de la campaña, porque el Gobierno no realizará recaudaciones privadas para la misma.

Este razonamiento, que exoneró a Correa en su calidad de presidente de la República, de nombrar tesorero, generó rechazo entre los demás sujetos políticos.

Ellos dijeron que la decisión del CNE generó un escenario inequitativo para la campaña. Luego de tres meses del proceso, políticos como Andrés Páez, Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea y Luis Villacís reconocen que les quedó un mal sabor de boca por el trato especial que hubo con Correa.

Solo el movimiento Alianza País será el que, aparentemente, deberá responder por las cuentas que haya existido en la campaña del Presidente. La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz envió una misiva al presidente del CNE, Omar Simon, el 16 de marzo. En ella le informó que “la producción de los mensajes a ser difundidos en las franjas será cubierta por los aportes del movimiento Alianza País”.

Por todo esto, la responsabilidad del gasto electoral en la campaña de Correa no está claro dentro del CNE. Para el vocal Fausto Camacho, la petición de Soliz dio lugar a que se creara una alianza entre Correa y A. País. Por lo tanto, el responsable del manejo económico de la lista 35 deberá responder también por los gastos del presidente Rafael Correa como sujeto político.

Según Camacho, esa alianza daba lugar a que el oficialismo gaste hasta USD 130 000. Es decir USD 65 000 por cada uno.

La consejera Marcia Caicedo tiene otra visión. Ella afirma que al no haber existido un pronunciamiento claro del organismo ante la petición de Soliz, Alianza País no podrá sobrepasar el límite de USD 65 000. Por lo tanto, cualquier exceso debe ser multado.

En el movimiento oficialista hay hermetismo. Este Diario se comunicó con Galo Mora, secretario general, así como con su personal de comunicación desde el viernes pasado. Luego de varios intentos fallidos y aplazamientos, una fuente que pidió la reserva aseguró que el tema de las cuentas no está claro y que recién en estos días se lo analizará.

Larrea, ex ministro de Gobierno, dice que el Presidente fue un actor político activo y en la campaña los ciudadanos vieron que hizo “gastos obvios”. Considera que mas allá de la legalidad, el Presidente debería justificar sus gastos como parte de “un compromiso ético”.

Gutiérrez acota que el Gobierno hizo una campaña millonaria con movilización de helicópteros y aviones del Estado, que le permitieron movilizarse en un día por varias provincias. Mientras los demás utilizaron autos privados, lo que fue una desventaja. “Esto configura la muestra de la injusticia y la falta de democracia que vivimos”.

Durante la campaña electoral, la Corporación Participación Ciudadana advirtió sobre las desproporciones que iba a significar la calificación de Correa como sujeto político. Ruth Hidalgo, su directora, sostiene que la fusión de actividades (sujeto político-Presidente) dificulta determinar la real proveniencia de los fondos de la campaña. “Es difícil establecer si los gastos fueron para sus actividades como Presidente o como sujeto político”. Además, critica que la Presidencia, durante la campaña, pautó en medios por un promedio de USD 2 millones.

Caicedo dice que la falta de límites a la participación de Correa dejó la sensación de que se utilizaron fondos públicos para una campaña en la que el Gobierno sostuvo que no iba a recaudar fondos privados.

Por ello cree que es urgente reformar el Código de la Democracia para que se zanje toda posibilidad de que un Presidente sea un sujeto político. “En la práctica generó un escenario de inequidad y desigualdad”. Propone que la obligatoriedad de una licencia a sus actividades sería una opción.

En el caso de elecciones de dignidades, el Código sí establece que cuando un funcionario se lanza a la reelección tiene que pedir licencia sin sueldo. Pero en el caso de consultas populares no hay norma al respecto. Para Camacho esto refleja una falla más del Código aprobado en el 2009.

Una vez que los sujetos políticos justifiquen los gastos de campaña, la información será analizada por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, para verificar que los aportes recibidos sean lícitos y que no se haya sobrepasado el gasto máximo permitido de USD 65 000.

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