La polémica sobre los computadores hallados en el campamento que las FARC tenían en territorio ecuatoriano y donde murió Raúl Reyes no ha concluido en Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país resolviera que los supuestos correos que habían en su interior no eran válidos procesalmente en el caso de legislador Wilson Borja acusado de tener nexos con la guerrilla.
Desde que se produjo el dictamen de la Corte, hace aproximadamente una semana, la discusión sobre el tema no ha cesado en Colombia aunque en Venezuela y Ecuador los gobiernos festejaron la decisión y dieron por terminado el tema. Incluso la Procuraduría colombiana ha anunciado que hará una apelación al fallo porque no está de acuerdo.
Por un lado está la interrogante sobre si el dictamen ha invalidado de forma general todos los procesos que se habían iniciado sobre la base de lo que se dice en aquellos documentos.
La revista Semana hace una precisión sobre el tema y sostiene que la resolución se aplica única y exclusivamente al caso del legislador Wilson Borja, acusado de tener vínculos con los FARC. Semana y otros medios han citado al presidente del alto tribunal, Camilo Tarquino quien dijo “cada caso de investigación es distinto”.
Esto ha generado una duda generalizada y que tiene que ver con el hecho de si la resolución va a afectar o no los otros procesos, sobre todo del más sonado que es el de la ex senadora Piedad Córdova que perdió su curul por este tema.
Según varios medios que recogieron una declaración del presidente de la Corte, Camilo Tarquino, la decisión solo tiene relación al caso de Wilson Borja. “La Corte hizo un análisis netamente jurídico y judicial y respeto rotundamente la operación militar. Se refirió únicamente al caso del señor Wilson Borja, de tal manera, que no se afectan investigaciones que se puedan realizar a futuro derivadas de esos hechos registrados en Ecuador”, dijo Tarquino en declaraciones a RCN.
Según El Espectador la razón principal para la invalidación es que los computadores fueron en el Ecuador de forma ilegal pues Colombia “tiene con ese país dos acuerdos vigentes que establecen las reglas -que no se cumplieron- para el intercambio de pruebas judiciales.
Uno es bilateral, firmado en 1999 y otro, multilateral: la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, aprobada en 2001. En ambos se fijan mecanismos obligatorios de trabajo conjunto entre las autoridades judiciales de los dos países. Los jueces y fiscales se deben comunicar a través de conductos regulares -los consulados y embajadas- y mediante procedimientos establecidos, que se llaman ‘cartas rogatorias”.
Otro de los argumentos de la Corte es que los llamados correos fueron hallados en formato Word, lo que impide saber si en efecto eran correos pues no está señalado el nombre del destinatario o el emisor del mensaje. Este es un punto al que refuta la prestigiosa periodista María Isabel Rueda en una columna en El Tiempo.
“Una mínima investigación de la Corte le habría servido para entender a sus magistrados que esos e-mails están contenidos en 8 382 archivos de Word, porque ‘Reyes’ no se sentaba desde la selva a enviar mensajes por Hotmail. Sino que se los
pasaba en Word a su radista para que este los enviara a su destinatario, encriptados por packet radio.
Cometió un descuido imperdonable guardando copia de todo ello. Tres semanas más tarde del operativo, ‘Tirofijo’ les reconoció a sus subordinados: ‘Los secretos de las Farc se han perdido completamente con la captura de los computadores del camarada ‘Raúl”, según Rueda.