La asambleísta Sofía Espín si acudió a la Asamblea a diferencia de su compañera Norma Vallejo, este 8 de noviembre de 2018. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El voto de las dos terceras partes de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (es decir, 91 curules) será necesario para destituir a las asambleístas Norma Vallejo, de Alianza País (AP) y Sofía Espín (exAP).
El requisito fue aprobado esta tarde con 87 votos afirmativos, 13 negativos y 28 abstenciones, de entre 128 parlamentarios presentes en la sesión en donde se debate el futuro político de ambas parlamentarias.
La moción fue presentada por Fernando Flores (Creo), lo que fue tomado como un triunfo por la bancada correísta que respalda a Espín, mientras los parlamentarios de los partidos de oposición votaron divididos incluso en medio de reclamos entre ellos.
La presidenta de la Asamblea, la oficialista Elizabeth Cabezas, tuvo que hacer un llamado al orden en la sala. La votación se dio después de un receso de 20 minutos, tan pronto se constató el cuórum para instalar la sesión.
Como pocas veces a la correísta Marcela Aguiñaga se la vio acercarse a las curules del Partido Social Cristiano y dialogar animadamente con legisladores como Carlos Falquez.
Vallejo no acudió al Pleno, a diferencia de Espín.
Los informes que recomiendan la destitución de ambas, por diferentes motivos, son tratados por separado.
En el caso de Espín “por incompatibilidad de funciones” al haber visitado, el pasado 24 de septiembre, a una testigo protegida del caso relacionado con el secuestro del político Fernando Balda, por el cual fue llamado a juicio el expresidente, Rafael Correa.
El informe sobre caso es analizado a esta hora. Se prevé que ella presente sus argumentos de descargo, antes de que el Pleno tome una decisión.
Luego vendrá el informe sobre Vallejo, quien afronta denuncias de cobros indebidos a sus asesores que están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado.
En su caso, el informe de una Comisión Multipartidista la responsabilizó de gestionar un cargo público, algo que contraría la Ley Orgánica de la Función Legislativa.