El proyecto del Gobierno Casa para todos será coordinado con los representantes de las juntas parroquiales en el sector rural, indicó la secretaria Irina Cabezas. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO
Dos días después de la movilización del Consejo Nacional de Gobierno Parroquiales Rurales (Conagopare), su presidente Bolívar Armijos anunció los acuerdos a los que se llegó con el Ejecutivo.
El 22 de noviembre de 2017, en la sede del organismo al norte de Quito, Armijos estuvo acompañado por Irina Cabezas, la secretaria Técnica del plan Toda una Vida, el subgerente del Banco de Desarrollo, Byron Ruiz, y el subsecretario de Senplandes, Edson Romo.
Cada uno informó de los programas que el Gobierno Central implementará para beneficio de las zonas rurales y en coordinación directa con los gobiernos parroquiales. Por ejemplo, dentro del plan Toda una Vida, el programa Casa para Todos, en la ruralidad, será coordinado con las juntas parroquiales.
En este ámbito, ellos, además, serán coejecutores del programa Agua segura para Todos, explicó el subsecretario Romo.
El Banco de Desarrollo habilitará un fondo de USD 50 millones para líneas de crédito no reembolsable para proyectos de pre inversión e inversión, en las zonas rurales. Los gobiernos parroquiales deberán presentar sus propuestas y planes a una comisión técnica, que analizará su prioridad y elegibilidad.
Estos proyectos deben ejecutarse dentro del marco de las competencias de los gobiernos rurales y fundamentalmente alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Central, advirtió Ruiz.
El funcionario indicó que este producto, los créditos, responde a un compromiso del presidente Lenín Moreno, que se ha generado desde las primeras reuniones con el Conagopare. Cabezas agregó que esto forma parte de la decisión del Mandatario de trabajar directamente con los actores involucrados, “nada para ustedes sin ustedes”, les afirmó.
Armijos, acompañado también de la mayoría de los presidentes provinciales de la Conagopare, retomó el pedido a la Asamblea Nacional y a su presidente José Serrano, para que no cedan ante “las presiones de los poderosos prefectos”, y tramiten el proyecto de ley que permitiría que los gobiernos provinciales sean electos solo por la votación rural.
Pidió que los reciban en el pleno de la Asamblea y que Serrano les indique de una vez si tratará o no el proyecto, caso contrario iniciarán la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Constituyente, advirtió. “Nos movilizaremos a la Asamblea (…) y hemos pedido al presidente Moreno, que sirva de intermediario”.
Además, señaló que “parecía que hacía falta que hagamos esta movilización, para que algunos prefectos entreguen maquinaria a los gobiernos rurales”, y cuestionó “¿cuántas movilizaciones más tenemos que hacer?”.
El 20 de noviembre del 2017, en al menos nueve provincias del país, hubo manifestaciones en las principales carreteras, en seis de ellas incluso se obstaculizó el tránsito. Sin embargo, no hubo desmanes y fue una protesta pacífica, que duró entre las 06:00 y 08:00.
