El fiscal General, Washington Pesántez, dijo hoy que mientras la Función Judicial está en su “peor crisis y ha tocado fondo”, la institución que dirige es la antítesis, pues es “confiable y actúa con transparencia”. Además mostró su preocupación con la integración de la comisión tripartida que se encargará de reformar la administración de justicia y nombrar a los jueces.
“Cómo no nos va a preocupar que el órgano de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, creado en la Constitución del 98, desgraciadamente en esencia no fue el órgano de gobierno, ni en lo disciplinario ni en ejecutividad, más allá de los nombres”, manifestó.
Pesántez insistió en la crítica en que el director del Guayas del Consejo de la Judicatura, Fernando Yabar, integre la comisión. Según Pesántez, este funcionario fue sancionado tres veces cuando pertenecía a la Fiscalía. Además cuestionó que no haya ningún abogado en libre ejercicio en este “triunvirato”.
El Fiscal General dijo que le preocupaba que “un ministro de estado ordenara que la Policía impida el paso al mayor personero del Consejo. Es un mal presagio”. Añadió que un “Estado democrático funciona con equilibrio de poderes, respeto a cada una de las funciones”.
El funcionario no quiso comentar sobre el virtual nombramiento de Galo Chiriboga como nuevo fiscal. “Me relevo de comentarios por el hecho de ser fiscal saliente, a los hombres por sus actos los conoceréis, habremos de observar las actitudes del nuevo fiscal y la ciudadanía será la llamada a emitir juicios de valor”.
“A mí lo que me preocupa es que luego de una carrera fiscal, en Pichincha y cuatro años en este cargo, no haya continuidad. Le auguro el mejor de los éxitos y que consolide la entidad”, afirmó.
Washington Pesántez parece que ya se está despidiendo de su cargo de Fiscal General de la Nación. Hoy presentó el avance de obras de remodelación del edificio del edificio de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil.
En el antiguo edificio del Banco Continental funcionará la nueva sede, donde estará el despacho del fiscal provincial, además la fiscalía indígena, y en la planta baja un área de atención a los usuarios.
Son 17 pisos, incluido el mezanine, altillo, sótano y planta baja. El edificio tenía un costo de USD 5 millones, pero luego de una propuesta presentada al presidente Rafael Correa, el Gobierno lo donó a la institución. La remodelación tiene un costo de USD 2,5 millones y estará listo en 90 días.
Pesántez destacó el trabajo de Antonio Gagliardo, fiscal del Guayas, y postulante a Fiscalía General. Posteriormente se inauguró una oficina en la Garzota, norte de la ciudad; y en el cantón Playas (Guayas) y en Santa Elena. Guayas pasó de 70 a 150 fiscales para atender la tarea de investigación.
Al concluir el acto en Guayaquil, la prensa preguntó sobre el nuevo fiscal, los casos pendientes y hasta una posible postulación a la Presidencia de la República, sobre esta última no dijo nada. Recordó que hace 18 meses se inventaron una resolución “para castrar a la Fiscalía, e impedir que pueda investigar casos de peculado. Dijeron que si la Fiscalía no tiene el informe previo de Contraloría no puede iniciar juicios de peculado. Fui a la Corte Constitucional y no han calificado admisibilidad, en 8 meses”.
Sobre la investigación a supuestas irregularidades en la empresa Eica, dijo que no podía ser que una compañía que se incautó el Estado al Grupo Isaías, “con serias deficiencias, irregularidades y hasta delitos, pase a otras manos y se esté cometiendo algo parecido, la investigación que se hace está demostrando eso. Otro latrocinio en contra del Estado”.