15 de February de 2011 00:00

‘Toda persona que genera empleo y riqueza debe estar preocupada’

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, pone reparos al cuestionario de la consulta y pide ala CIDH su pronto pronunciamiento.

¿Debe ser rápida la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al pedido que hizo la Cámara de Industriales de Pichincha para que analizara el proyecto de consulta popular?

No hay un procedimiento específico que establezca un plazo. Se espera que el pronunciamiento sea lo más pronto posible.

¿Antes del 21 de febrero?

Podría ser. Lo importante es que cualquier pronunciamiento de la CIDH, debe ser considerado por las autoridades nacionales.

¿Hay el riesgo de que el Gobierno argumente a la OEA, de la que es parte la CIDH, que este es un asunto interno, como lo hizo frente a la ley habilitante de Venezuela?

Es posible. Lo que hemos hecho nosotros, junto con varias instituciones, es recurrir al apoyo deHernán Salgado, ex presidente de la Corte Interamericana de DD.HH. y la Universidad de Notre Dame, para pedir a la CIDH que interviniera y alertara a la Corte Constitucional (CC) de que su deber es actuar apegada al derecho. Es un tema que convoca el interés de la comunidad internacional y el Ecuador tiene que dar a estos pronunciamientos una absoluta seriedad.

¿Si la CIDH se pronuncia luego de que la CC califique las preguntas?

El planteamiento no se ha realizado en función de la campaña electoral, sino para establecer una opinión adicional que permita a la ciudadanía entender el alcance de lo que el Presidente de la República ha planteado en su consulta. Si el pronunciamiento es ahora o después, siempre va a tener un peso importante. Más aún si señala que el proceso de consulta, en la forma en que ha sido planteado, violenta principios de nuestra Constitución y de los derechos humanos

El Presidente podría decir que las preguntas que más interesan a los empresarios es la que tipifica como delito la no afiliación al IESS o la de las limitaciones de los negocios para la banca y los medios.

Todas las preguntas generan una preocupación a la Cámara de Industrias, porque se trata de un tema de tipo conceptual.

¿Todo el cuestionario?

Aclaremos que nadie cuestiona el derecho que tiene el Presidente para llamar a consulta. En lo que no podemos estar de acuerdo es en el contenido y en la forma en que ha sido planteado.

¿Por qué?

Hay tres conceptos fundamentales que se están afectando con las preguntas: el orden constitucional, la división y separación de poderes, que es la base de un Estado democrático y las libertades básicas, entre ellas la de expresión. Sobre esos temas, la CIDH deberá determinar si con la consulta se está violando el marco jurídico internacional.

¿Son las preguntas que reestructurarán a la Judicatura y al Sistema Judicial?

Sí, las 4 y 5 del referendo son las que más atentan contra los principios de separación de poderes. También debe preocupar a los ecuatorianos la creación de un consejo que regule los contenidos de la programación de los medios de comunicación y los criterios sobre los cuales se van a calificar esos contenidos. Eso es inaceptable, porque equivale a una censura previa, lo cual está prohibido por el marco internacional.

Otro tema es la figura del enriquecimiento privado no justificado. ¿Cómo entender la magnitud de esta pregunta de la consulta?

No debe ser solo una preocupación del sector empresarial sino de toda persona preocupada en generar riqueza y empleo.

¿Cuáles son los riegos?

¿Qué quiere decir enriquecimiento privado injustificado?

¿Lo que proviene del dinero de lavado o cuando los contratistas privados malversan fondos públicos?

Esas figuras ya se contemplan en otras leyes. Por eso, cuando se establece una declaración tan general como esta pregunta, se corre el riesgo de caer en subjetividad y esto genera arbitrariedad e inseguridad jurídica. Al hablar de enriquecimiento no justificado podría afectarse un derecho importante: la propiedad y eso debe preocuparnos.

¿Lo mismo sucede con la penalización a la no afiliación del IESS?

La empresa formal está sometida al control del Ministerio del Trabajo, del IESS y del SRI. En la misma Constitución ya se habla de este tema en el art. 327: el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, el enriquecimiento injusto en materia labora se penalizará y sancionará de acuerdo con la ley. Por lo tanto al pueblo no se le tiene que consultar nada, porque ya lo aprobó. Esta pregunta es innecesaria.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)