Pedido de inmunidad para la veeduría del caso Fabricio Correa

El asambleísta Andrés Páez (ID) presentó anteayer un proyecto de ley para pedir la inmunidad para los integrantes de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

“Merecen inmunidad en los mismos términos que se les otorgó a los miembros de la Comisión de la Verdad para ponerlos a buen recaudo y salvaguardar su integridad frente a la ofensiva anunciada por el propio Presidente”, dijo Páez.

El pedido lo presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el cual deberá calificar el proyecto para canalizarlo a otra mesa especializada para su análisis y resolución. La iniciativa la presentó con el respaldo de varios asambleístas, entre ellos, César Montúfar.

Lo anunció en el marco de la exposición que hicieron los representantes de la Veeduría Ciudadana para presentar las conclusiones del informe de su investigación en la Comisión de Participación Ciudadana. Rindieron declaraciones en ausencia de los legisladores de A. País.

Frente a las amenazas presentadas por el Primer Mandatario, anteayer en Cuenca, Chambers respondió firmemente. “Nos pueden meter 50 años presos, (pero) los hechos van a seguir ahí, los hechos no van a variar”.

Finalmente, la veeduría se ratificó en las conclusiones del informe, entre ellas, que el presidente Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano con el Estado. “Estamos demostrando que el señor Presidente indica que sabía de la compra de la empresa Cosurca por parte de su hermano. ¿Qué es lo increíble de esto? Que en la empresa Cosurca no aparece su hermano, sino aparece la empresa Internacional Overseas Energy Corporation”; explicó .

Uno de los miembros de la veeduría, Víctor Hugo Hidalgo , reconoció además que es afiliado a Alianza País, pero que tras las amenazas de Correa, analiza la posibilidad de salir del movimiento oficialista.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Morales (Prian) hizo un llamado a la Fiscalía y a la Contraloría, a fin de que inicien las acciones legales y administrativas necesarias.

Aclaró que si del informe se determina que hubo perjuicio al Estado, los organismos de control están en la obligación de responder diligentemente para investigar las circunstancias en que se produjeron los hechos y sancionar a los responsables.

Mientras tanto, en la Presidencia aún no se inicia la acción legal en contra de Chambers, anunciada por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Tampoco se anuncia fecha para la presentación de esa demanda en contra del veedor.

Desde el Ejecutivo, al mismo tiempo que niegan que el Primer Mandatario haya conocido los contratos de su hermano, aseguran que la veeduría pedida por el Mandatario y conformada por el Consejo de Participación se arrogó funciones.

“El papel fue verificar la terminación de los contratos, verificar la terminación de los mismos y no arrogarse funciones que le corresponden a otras instancias”, señaló Correa.