La Asamblea tiene en sus manos el pedido de amnistía al ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik.
El martes pasado, llegó a la Secretaría General de la Legislatura el oficio T.5454-SNJ-, firmado por el presidente Rafael Correa, en el cual solicita que se inicie un análisis sobre la situación jurídica del ex funcionario.
Desde 1995, Dahik afronta un juicio por supuesto abuso de fondos públicos. La acusación se fundamenta en el presunto mal manejo de una cuenta secreta de la Presidencia, conocida como ‘Gastos Reservados’. Actualmente, el proceso se encuentra suspendido hasta que el acusado se entregue a la Justicia o sea detenido, esa es norma dispuesta en el Código de Procedimiento Penal vigente a esa época.
Desde el inicio del juicio, el ex Vicepresidente se encuentra en Costa Rica con un asilo político. Él asegura que la acusación en su contra es represalia política organizada por el ex presidente León Febres Cordero.
Ese fue uno de los motivos que incluye Correa dentro de su pedido a la Asamblea. El Primer Mandatario recuerda que “la Función Judicial fue secuestrada por el otrora partido político más influyente del país (Partido Social Cristiano), personalizado por León Febres Cordero, quien se dedicó a perseguir judicialmente a todo aquel que obstaculizaba su voracidad de poder”.
Para Correa, una víctima de ese secuestro es el ex vicepresidente Dahik. Él asegura que en los archivos de la Legislatura existe un informe sobre el juicio contra al ex Vicepresidente que realizaron los asambleístas constituyentes de Montecristi.
El Mandatario está convencido que el caso de Dahik reúne los requisitos para que se otorgue la amnistía. Además, manifiesta que “sostener que no procede este recurso por tratarse de un caso de peculado sería impedir que se investiguen las verdaderas causas de la persecución al ex Vicepresidente”.
El pedido del Presidente ha sido cuestionado por juristas y por políticos. Uno de los principales críticos ha sido el ex presidente de la Asamblea de Montecristi, Alberto Acosta, quien aseguró que Dahik debe retornar al país para defender su inocencia en las cortes ecuatorianas.
Asimismo, el ex fiscal del Estado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Casares, señala que jurídicamente no se puede otorgar una amnistía a Dahik, porque este recurso sirve para procesos de carácter político; pero él es acusado de un delito de administración pública, es decir peculado.
El siguiente paso que se dará en la Asamblea será enviar el pedido del Presidente a la Comisión de Justicia. Este grupo, presidido por María Paula Romo (Alianza País), será encargado de presentar un informe si se justifica o no la amnistía para Dahik. Hasta ayer el recurso no llegaba hasta la Comisión.