La Comisión de Fiscalización tramita otro pedido de juicio político en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo. El exfuncionario ya fue censurado por el Pleno de la Asamblea. Esta vez, el proceso también involucra al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y a la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores.
Las causales contra Carrillo tienen que ver con supuesto incumplimiento de funciones respecto a las masacres carcelarias, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. El 23 de febrero pasado el exministro ya fue censurado por 105 asambleístas, lo que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 2 años.
Dos causales retiradas
La Comisión acogió este lunes 13 de marzo de 2023 un pedido de los asambleístas interpelantes Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, de Pachakutik. En vista de que la Ley dice que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa, los legisladores desistieron de dos de cinco causales que habían presentado contra Carrillo.
Dichas causales tenían que ver con el “inadecuado control y manejo de la fuerza pública” en el paro de junio de 2022 y el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Ambos temas fueron objeto de la censura dispuesta por la Asamblea, conforme a una moción de asambleístas del correísmo, el ala radical de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID).
Con esta decisión, Carrillo deberá responder sobre las masacres perpetradas en centros de rehabilitación social del Ecuador, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. A diferencia de Ordóñez y Flores, quienes enfrentarán esta causa por supuestas omisiones en el caso del femicidio de la abogada Bernal.
Negaron aclaración
A su vez, la Comisión no acogió el pedido de la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores, para que se especifiquen a cuáles de las cinco causales propuestas en la solicitud de juicio político debe responder y sustentar su defensa. Los legisladores consideraron que este no era el momento procesal para este tipo de aclaraciones.
Por otra parte, la Mesa legislativa desestimó el pedido del asambleísta Vanegas, quien intentó incluir nuevos elementos al expediente. Se trataba más de 50 oficios, memorandos, informes, planes estratégicos y otros que, a criterio del legislador de Pachakutik, no tenía conocimiento al momento de presentar el pedido de enjuiciamiento político.
Las partes involucradas en este proceso tienen hasta el 17 de marzo para presentar sus pruebas de cargo y de descargo. La Comisión prevé entregar un informe para el Pleno hasta la primera semana de abril.
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