Dieciséis meses después de que entraran en vigor las reformas al Código de la Democracia, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) establecerá mayores controles a las organizaciones políticas.
El pasado 7 de junio del 2021 se suscribió una resolución en la que se notifica a partidos y movimientos políticos que ahora son sujetos obligados a reportar a la UAFE. Mensualmente, las organizaciones deberán notificar sus operaciones individuales cuya cuantía supere los USD 10 000.
También, se solicita el reporte de transacciones económicas inusuales, entre otros requerimientos.
Previamente, las agrupaciones deben gestionar en la UAFE un código de registro y designar un “oficial de cumplimiento”, quien será el responsable de remitir la información en el plazo legal.
Los partidos y movimientos comenzarán a presentar sus reportes a la UAFE en un plazo no mayor a 60 días, contados desde el 7 de junio.
Según la UAFE, la medida busca evitar el financiamiento de campañas electorales con dinero de origen ilícito.
Se tomarán en cuenta aportes privados del exterior, recursos obtenidos por actividades organizativas o donaciones, entre otros rubros.
Esta y otras disposiciones electorales se incorporaron tras el caso Sobornos 2012-2016, en donde se detectó financiamiento irregular para campañas de Alianza País.
En el Código de la Democracia también se dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cree una Unidad Complementaria Antilavado.
Esa instancia nació el 1 de agosto del 2020, con polémica. El exconsejero Luis Verdesoto y el actual vicepresidente del CNE, Enrique Pita, criticaron que dicha Unidad esté adscrita a la Dirección Nacional Fiscalización. Se argumentó que no se adecuaba al derecho internacional.
Ayer, 17 de junio, Pita ratificó que se debió crear una Unidad Antilavado externa, porque de lo contrario los funcionarios actuarían como “juez y parte”.
¿Qué ha hecho esa Unidad desde el 1 de agosto del 2020? El CNE respondió, vía correo electrónico, que junto a personal de la UAFE se trabajó en la implementación de “instrumentos legales, planes y demás insumos”.
Ahora ya se establecieron Normas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que contienen lineamientos que las tiendas políticas deben aplicar de forma obligatoria.
Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, considera que la intención de las reformas es buena, pero espera que “en la vida real” se ejecuten los controles. “Nosotros no tenemos recursos como tienen otras organizaciones, pero vemos que no han sido evaluados”.
Wilma Andrade, asambleísta y dirigente de Izquierda Democrática, considera positivo que se refuerce el control para evitar actos ilícitos. Cree que todos los aportes deben ser bancarizados.
Otra medida que se dispuso en la ley electoral es que los movimientos reporten quincenalmente al CNE sus ingresos y gastos de campaña.
En la dignidad de binomio presidencial, las cuatro organizaciones más votadas en los últimos comicios reportaron ingresos de diferente cuantía.
Unes (correísmo) reportó ingresos por USD 1,1 millones, mientras que la Izquierda Democrática reportó USD 5 578.
Por fuera de estos reportes preliminares, hasta el 8 de mayo se debían presentar las cuentas de campaña de la primera vuelta; debían detallarse con mayor prolijidad aportes, gastos y aportantes.
En dignidades nacionales son 82 expedientes, pero llegaron 75. En cargos provinciales se requieren 467 cuentas, pero llegaron 377. Actualmente, corre una última prórroga.