Los verificadores trabajan en el Centro de Mando del CNE, al norte de Quito, en las instalaciones del Cosffaa. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El proceso de verificación de firmas ha causado problemas tanto a las organizaciones políticas como al Consejo Nacional Electoral (CNE), desde su instauración en la Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia.
Incluso quienes lograron superarlo tienen observaciones al procedimiento así como a los mismos requisitos legales. Wilma Andrade, presidenta de la ID, señala los puntos débiles. Primero, dice, el legal. Que una misma persona esté impedida de afiliarse a un movimiento nacional y a uno local, lo que considera una limitación política.
Lo mismo sostiene Wilson Sánchez, director nacional de Adelante Ecuatoriano Adelante. Además sostiene que la firma válida debería ser la última que el ciudadano otorga como respaldo, no la primera con es en la actualidad.
A esta observación agrega que en el proceso de verificación del 1,5% de respaldos del padrón “tenemos que aceptar sin cuestionamientos los datos del CNE”, al referirse a las firmas no validadas. No hay certeza de que constan en otros partidos o movimientos. Lo cual acepta que pasa por un tema de reserva de la filiación política de los ciudadanos.
El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, argumenta que solo informan a las organizaciones políticas de qué firmas están en otra agrupación, “pero obviamente no podemos decirles en cuál, porque son datos personales y nadie puede ser discriminado por la filiación política”.
El mismo Pozo concuerda en que la ley electoral debe ser modificada después de las próximas votaciones. Porque el que solo se permita firmar por un partido conllevará, en determinado momento, a que no se puedan crear más organizaciones políticas, lo cual atentaría contra el derecho a ser elegido.
Otro punto que indica Andrade y ha sido una queja en procesos de revisión masivos anteriores es la carga de trabajo de los verificadores. Por ejemplo, el CNE tiene hasta el 18 de agosto para terminar la validación de 2,5 millones de firmas. Ahí se conocerá quienes finalmente podrán participar en 2017.
Sin embargo, Andrade deja en claro que son observaciones y que fuera de ello en este último proceso de verificación no tuvieron inconvenientes con la autoridad electoral. Lo mismo opina Sánchez, creen que el proceso ha mejorado operativamente.
María Paula Romo, de la extinta Ruptura, lamenta que la idea de reconstituir partidos se haya reducido a un tema de recoger firmas, como en muchas otras cosas en el país todo se ha burocratizado. El problema no es el liderazgo o las ideas políticas de cada tienda. Se han olvidado del fondo y se quedaron en la forma, advierte. Además recuerda el escándalo de la falsificación de firmas en 2012, y subraya que hasta ahora no se ha encontrado a los culpables.
