El Consejo de Participación Ciudadana tiene una nueva base de operaciones en el norte de Quito. Hace dos semanas sus oficinas se trasladaron del tercero al primer piso del edificio Amazonas 100. Sin embargo, para los tres consejeros de minoría no hubo una repartición equitativa en los espacios que les fueron asignados.
Las oficinas asignadas a David Rosero, Andrea Rivera y Luis Pachala están juntas y se caracterizan por ser más pequeñas y estrechas, en comparación con las del resto de sus compañeros.
Se trata de los amplios despachos de los vocales Marcela Miranda (presidenta), Fernando Cedeño, Mónica Banegas y Tatiana Ordeñana. Estos cuatro vocales suelen votar juntos, generalmente respaldando tesis considera-das a favor del Gobierno.
Andrea Rivera sostiene que la distribución de espacios debió ser equitativa, pues entre los siete miembros no debería haber privilegios. Por su parte, la presidenta Miranda considera que este es un tema que carece de trascendencia, que no afecta al trabajo real de los consejeros.
Luis Pachala reconoce que si bien su labor no depende del tamaño de las oficinas, asegura que en la actualidad es más complicado coordinar las actividades con sus colaboradores. Entre otras razones, porque el espacio resulta incómodo para hacer reuniones de trabajo en equipo.
Rivera tiene una opinión similar. Sin embargo, enfatiza que un tema accesorio como el de los espacios refleja lo que sucede en el organismo cuando se topan temas fundamentales. A su juicio, la mayoría de decisiones que se adoptan son “arbitrarias”, sin consultar a todos los integrantes.
Miranda se defiende al señalar que la repartición no fue direccionada. Y que si sus compañeros se sienten perjudicados, ella no tiene lío en ceder su oficina.