Los asambleístas de Alianza País llegaron ayer al Palacio de Carondelet con una posición clara. Apoyar en su mayoría los tres vetos presidenciales a las leyes de Educación Superior y de Servicio Público, y al Código Territorial (Cootad).
Pero también exponer sus criterios sobre algunas de las observaciones hechas por el presidente Rafael Correa, a la espera de que el Primer Mandatario las acepte.
Uno por uno ingresaron los legisladores. Desde las 15:25 hasta las 16:30 llegaron los asambleístas. Virgilio Hernández aseguró que llegó a la cita confiando en que se logre un consenso en las tres normas. En el Código Territorial se resolvió apoyar 85 artículos del veto y ratificarse en 13.
Hernández preside la mesa de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea, que trató el Cootad. La semana pasada emitió un informe en el que se respaldaba el 90% del veto. La mayoría de asambleístas está de acuerdo con el texto presentado.
Sobre la Ley de Educación Superior, la Comisión resolvió allanarse a la objeción en un 95%, según informó Raúl Abad, presidente del equipo legislativo.
“No estamos de acuerdo, por ejemplo, en el cogobierno universitario, que se redujo del 50% al 25% la participación de los estudiantes universitarios”.
La asambleísta María Paula Romo aseguró que ella no apoya la decisión del Ejecutivo de crear un sistema de rectoría diferenciado solamente para las universidades de las FF.AA. y religiosas. “No creo que mi posición vaya a ser la mayoritaria, pero de todas formas si hay el espacio lo expondré”.
Otro de los puntos polémicos en esta ley es la creación de una Secretaría que dirija al sistema universitario. Sin embargo, según Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, adelantó que ese no es un tema negociable.
A su criterio la Secretaría solamente norma las políticas no a las universidades, por lo que no aceptarán modificaciones al veto.
El sistema de cogobierno, que reduce la representatividad de los estudiantes, tampoco está en debate, pues afirma que en ninguna institución en el mundo, los alumnos tienen esa potestad.
La ley que más polémica ha generado es la de Servicio Público.
Según Juan Carlos Casinelli, coordinador de la bancada gobiernista, explicó que hay algunos artículos que no tienen respaldo. Entre ellos, el pago de jubilaciones forzadas con bonos del Estado, aunque aclaró que no tienen una posición determinada sobre el tema. “No traemos una posición como bloque, sino con apertura al Ejecutivo, porque antes no pudimos hablar a nivel de bloque, sobre los vetos”.
La metodología de trabajo fue escuchar a las tres comisiones que redactaron las leyes y luego escuchar los puntos de vista. “Hay temas en los que queremos insistir. Al final veremos qué hacemos”, dijo Irina Cabezas, vicepresidenta del Legislativo.
Hasta el cierre de la edición, la cita seguía a puerta cerrada.
El Cootad, sin mayores cambios
La Comisión de Gobiernos Autónomos se allanó en el 90% del veto presidencial al Código de Organización Territorial (Cootad). Es decir que de las 98 observaciones que realizó el Ejecutivo solo 13 no fueron aceptadas.
Por ejemplo, en su informe recomendó que la Asamblea se ratifique en el texto original sobre el nombramiento del Secretario General del Consejo Nacional de Competencias. El Ejecutivo quería que sea electo de una terna presentada por la Presidencia.
En las transitorias, la Comisión insistió en la creación de cantones en los próximos cinco años en provincias como Santo Domingo y en el tiempo de duración de las autoridades para las regiones y para los distritos metropolitanos.
También en la fórmula para entregar recursos a los gobiernos seccionales. La intención es que existan una ponderación superior según la población rural.
Los miembros de la Comisión, que son parte de Alianza País, PSP, Alianza Libertad y Madera de Guerrero, coincidieron en ratificar el veto para que las regiones puedan hacer loterías para financiarse; esto acaba con la exclusividad que tenía la Junta de Beneficiencia de Guayaquil.
Los servidores públicos, atentos
La Federación Nacional de Servidores Públicos espera la decisión que tome el bloque de Alianza País para decidir su posición. La semana pasada, los funcionarios públicos evidenciaron su malestar con el veto presidencial a la Ley de Servicio Público.
Los trabajadores tenían malestar por los cambios introducidos a la Ley aprobada por la Asamblea. Las principales críticas fueron a las propuestas que pretenden que exista una salida obligatoria de los puestos de trabajo a los 65 años, la reducción de los montos en indemnizaciones, el pago de renuncias con bonos del Estado y la pérdida de autonomía de entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Contraloría.
Miguel García, presidente de los servidores públicos, aseguró que estarán atentos de la decisión que tomen los asambleístas de Alianza País y el Ejecutivo. En caso de que se insista en mantener la objeción presidencial, el gremio dispararía su protesta.
Por ejemplo, descartarían una movilización pacífica y tomaría medidas de hecho. Los trabajadores tenía previsto realizar el próximo jueves una marcha a la Asamblea, para que los jefes de los partidos escuchen su propuesta.
La U. Central marcha hoy
Hoy, desde las 09:00, la Universidad Central marchará de forma pacífica hacia Carondelet.
Le pedirán rectificaciones al presidente Rafael Correa en el veto a la ley de universidades. Entre otros temas, que la participación en la elección del cogobierno sea del 50 y 10% de estudiantes y empleados, respectivamente; estabilidad de los profesores titulares que en siete años no tengan PhD, elección y no designación de los decanos.
En este último punto coinciden con el planteamiento de la Comisión de Educación Superior, que además propone que la nueva Universidad de Investigación Tecnológica Experimental, sin sede establecida en el veto, sea creada en Santo Domingo de los Tsáchilas. De este modo se compensa su eliminación de la ley. Ellos más que un informe presentaron diversos criterios.
La Asociación de Universidades y Politécnicas Públicas del Ecuador tiene listo un manifiesto público. Piden, entre otros puntos, que la Secretaría de Educación Superior vuelva a ser un organismo de coordinación con el sistema y que no tenga la rectoría.
