Ayer se conoció que República Checa concedió asilo político al ecuatoriano Pablo Guerrero, acusado de delito de terrorismo y boicot tras ocupar el 30 de septiembre de 2010, con un grupo de simpatizantes, una emisora de televisión pública para dar su opinión sobre la reforma de la Ley del Servicio Público.
Guerrero, abogado de 44 años, en contacto telefónico con Radio Armónica, indicó que el 3 de mayo del 2011 solicitó a República Checa le conceda asilo político. Agregó que su petición de asilo la fundamentó sobre la base del artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos que señala que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de el en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado en una acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Pablo Guerrero dijo que una parte de la resolución de asilo expresa textualmente: “La instancia administrativa luego de evaluar todos los documentos presentados dentro del trámite administrativo ha llegado a la siguiente conclusión: El juicio penal en contra del solicitante (Pablo Guerrero) y doce personas más tiene claramente un contexto de persecución política y que la sanción en este juicio no corresponde a los hechos cometidos”. Se agrega además que “la realidad de haberse convertido en una persona perseguida políticamente seguramente es el resultado de sus actividades y opiniones en contra del régimen actual”.
Otra parte de la resolución señala: “de acuerdo a informaciones de diputados de la Asamblea del Ecuador, el presidente Correa manipula el artículo 158 del Código Penal para acusar a actores políticos de terrorismo y sabotaje, como por ejemplo lo ocurrido el 30 de septiembre del 2011”.
Yo no tengo asilo territorial mi status es de asilo político. Esto es una responsabilidad enorme para mí, porque soy el primer sudamericano acogido con asilo político, manifestó Guerrero.
Indicó también que uno de los efectos jurídicos del asilo político es evitar que se procese una extradición. Yo estoy aquí gozando de asilo político y lo que realice la justicia ecuatoriana no alcanzará a la decisión de este país.
El documento de asilo tiene vigencia de diez años y es renovable por otros diez.