Pablo Chambers, de la Veeduría que investigó los contratos de F. Correa, ratifica su informe.
¿Luego de entregar su informe al Consejo de Participación, qué otras acciones realizó la Veeduría?
Nuestro trabajo no concluyó con el informe; debemos presentar un reporte semestral para que todas las recomendaciones emanadas se cumplan.
¿Qué han hecho concretamente?
Enviamos dos comunicaciones al Consejo solicitando que se nos reciba para presentar el reporte de seguimiento. Y les hemos pedido que nos informen si se cumplieron las recomendaciones.
¿Qué les contestaron?
Que la Veeduría ya terminó su trabajo; no quieren que sigamos.
¿Y cuál es su decisión?
Si hasta fines de octubre no nos responden, presentaremos el informe a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía.
¿El Consejo debe hacer cumplir recomendaciones?
Sí. Su obligación legal es hacer seguimiento y presionar para que las recomendaciones acogidas por ellos mismos se cumplan.
¿Qué opina sobre las respuestas y críticas del presidente Correa a su informe?
Nos tiene muy presentes, no se logra olvidar de nosotros.
Pero, ¿han sufrido alguna retaliación?
Concretamente, a mi empresa de consultoría le han quitado todos los contratos que tenía con el Estado. Al veedor Gerardo Portillo lo sacaron de su puesto en una entidad pública, está desempleado desde hace seis meses.
¿En lo personal que pasó?
Tuve que mandar a mis hijos fuera del país. Mis ingresos están absolutamente mermados.
¿Qué pasa en su familia?
Mi familia está muy preocupada. Me piden que deje esto, porque el peligro es muy grande.
¿Pero por qué sigue?
Es importante que los ciudadanos demostremos que somos los mandantes de las autoridades, que deben protegernos y respetarnos. El Presidente es un empleado público, cuya obligación es proteger los recursos estatales.
¿Cuál es su percepción sobre la gestión presidencial?
El Presidente es un muy buen político, pero pésimo administrador. Ha perdido el control de su administración.
¿Pero es un economista, con maestría y doctorado?
El problema no es su formación sino que su Gobierno ha subor-dinado las acciones administra-tivas a las políticas.
¿Un ejemplo?
Las sucesivas e inconsultas declaratorias de emergencia. No hay una planificación en la contratación pública, la Senplades actúa en función de prioridades políticas de coyuntura.
¿Pero la responsabilidad del Presidente es compartida, hay otros organismos que también deben rendir cuentas de sus actos?
Se ha perdido el control de la administración. Las autoridades hacen lo que quieren, en tanto y en cuanto el poder político no le diga lo que debe hacer.