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Juicio político a Pablo Celi pasa al Pleno, pero sin las conclusiones

Ana Belén Cordero, Juan Flores, Guadalupe Llori y Alejandro Jaramillo, ayer. Foto: Cortesía

El Pleno de la Asamblea deberá resolver sobre el pedido de juicio político al excontralor, Pablo Celi, sin un informe específico.

La presidenta Guadalupe Llori (PK) negó ayer (4 de agosto del 2021), “por extemporánea”, una prórroga de cinco días requerida por la Comisión de Fiscalización para la entrega de las conclusiones y recomendaciones.

¿El motivo? Llori adujo que esta solicitud la recibió el lunes pasado, a las 00:44, dos días después de que el sábado 31 de julio feneciera el plazo legal establecido, pese a que el aplazamiento fue una resolución que tomó dicha Comisión el viernes pasado.

El artículo 82 de la Ley Legislativa dice que, si no se aprueba un informe dentro del plazo previsto, el titular de la Comisión remitirá a la Presidencia, en el plazo de dos días, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los nueve asambleístas que componen esta mesa parlamentaria, para que sea el Pleno el que resuelva el archivo o el juicio político.

En la práctica, esto implica que Llori deberá convocar a dos sesiones al Pleno. La primera para decidir si da paso a la interpelación, y otra para que, en caso de que se adopte esta decisión, Celi y el interpelante, Juan Cristóbal Lloret (Unes), presenten sus pruebas de cargo y de descargo.

La Comisión tenía previsto sesionar ayer, a las 18:00. Su presidente, Fernando Villavicencio, había convocado a la sesión para aprobar el informe en la víspera de que Llori anunciara su decisión frente al pedido de prórroga.

Hasta el viernes pasado, cuando los nueve comisionados sesionaron para pedir la prórroga de cinco días, las decisiones se venían tomando por unanimidad. Eso se rompió ayer.

A Villavicencio solo lo acompañó Bruno Segovia, exPachakutik, al momento de salir al paso frente al entuerto. En medio de la rueda de prensa se incorporó la secretaria de la Comisión, Sharon Jiménez, para deslindar la responsabilidad de los asambleístas.

“Mi criterio fue completamente jurídico y alejado de las prácticas parlamentarias de esta Asamblea y del anterior periodo”, señaló Jiménez.

Juan Cristóbal Lloret, asambleísta del correísmo, que impulsa el pedido de interpelación contra Celi por arrogación de funciones y otras causales, consideró que la Comisión incurrió en una “novatada”, pero no todos lo tomaron así.

Llori acusó a Villavicencio de haber actuado con negligencia. Ella dio su respuesta acompañada de los coordinadores de las bancadas: no asistieron el PSC y UNES.

En la mesa principal del salón de los expresidentes de la Asamblea, donde tuvo lugar este evento, también estuvo la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén, quien reconoció al yerro como “un error administrativo” y anunció que se tomarán correctivos.

Llori abandonó el espacio, rodeada de una nube de asesores, sin dar lugar a preguntas de la prensa. Una de las interrogantes era si se aplicarán sanciones por este tema, pues la Ley Legislativa tipifica el incumplimiento de plazos como una falta administrativa.

El coordinador de Creo, Juan Fernando Flores, adelantó que su bancada mocionará que Celi sea censurado por el Pleno.

Alejandro Jaramillo, coordinador de la ID, lanzó sus dardos contra Villavicencio. “Esta actuación del Presidente de la Comisión de Fiscalización trae muchas dudas, no sabemos si lo hizo a propósito o si es error involuntario”, dijo.

Villavicencio, por su lado, defendió el trabajo de la Comisión y sostuvo que dentro de la Asamblea hay asambleístas interesados en afectar su labor.

“En los próximos días voy a revelar las glosas de algunos asambleístas. Hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas, que tienen informes con responsabilidad penal”, advirtió.

Visiblemente indignado, aludió al asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, y dijo que hay otros 10 en esta situación. El aludido desmintió esas acusaciones a este Diario y consideró que Villavicencio deberá ser investigado por no entregar el informe a tiempo.

La fase de pruebas, que concluyó el 26 de julio, desde que la Comisión avocó conocimiento de este proceso el 29 de junio, incluyó la comparecencia de 45 personas; entre funcionarios y exfuncionarios durante 100 horas, y 117 pedidos de información.

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