El contralor Pablo Celi dijo este 11 de junio del 2020 en una entrevista radial que 58 municipios y 16 prefecturas han sido sometidos a procesos de control por no cumplir los procedimientos legales en compras públicas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El contralor General del Estado, Pablo Celi, informó que el organismo ha intervenido con procesos de control en 58 municipios y 16 prefecturas del país, por no cumplir con procedimientos legales en las compras públicas en el contexto de emergencia sanitaria por la propagación del covid-19.
Celi participó en una entrevista radial con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la mañana de este jueves, 11 de junio del 2020.
El funcionario explicó que en los gobiernos locales se han identificado dos tipos de problemas. El primero, está ligado a las contrataciones relacionadas con la pandemia. “En algunas municipalidades hemos emitido ya informes, lamentablemente también (informes) penales al respecto”.
Agregó que en estos casos se encontró irregularidades en la adquisición de insumos médicos. La segunda problemática que “le preocupa más” se relaciona a las compras que se realizaron en el estado de excepción, pero que no tienen nada que ver con la emergencia.
“Adquisiciones de vehículos, de infraestructura, de contrataciones de consultorías, esto es muy grave (…) he pedido la documentación completa de todas las adquisiciones que se están realizando en municipalidades y prefecturas en el actual contexto, están obligados a entregarnos toda esa información”.
Refirió que hay procesos que no están en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). “Necesitamos verificar la pertinencia de ese tipo de adquisiciones”, apuntó Celi. Dijo además que se llevan adelante cerca de 200 auditorías en el sistema público.
En el caso del sector salud, la intervención abarca a hospitales del Ministerio del ramo y del IESS. Ahí se ha detectado, según Celi, la ausencia de estudios de mercado, irregularidades en la elección de contratistas y falta de procedimientos. Señaló que en algunos contratos las empresas no acreditan ni la experiencia, ni tienen registrada su razón social, acorde al área que se solicita en los términos de referencia.
“Se han emitido 24 informes con indicios de responsabilidad penal. Siete son los informes penales en el Teodoro Maldonado Carbo, en el Hospital del Guasmo cuatro, en el IESS Ceibos hay uno”, afirmó el Contralor.
Celi mencionó que también hay indicios de responsabilidad en la adquisición de bolsas para cadáveres en el hospital de Imbabura y que también se han detectado irregularidades en la Universidad Yachay.
“Se hizo una inversión gigante (en ese centro de estudios), con escasos resultados, la inversión no justifica el estado de ese proyecto; se han establecido irregularidades en el uso de recursos, incumplimiento de las misiones prometidas en el mismo”, recalcó.