El viceprefecto de Sucumbíos, Oswaldo Calvopiña, se entregó a las autoridades en Riobamba, el miércoles 15 de agosto. Sobre él pesaba una orden de prisión desde mayo pasado y fue removido a mediados de julio.
Sin embargo, el 30 de julio nuevamente se reactivó la orden de captura. Ese día, el viceprefecto se autoproclamó prefecto. Convocó a una sesión de Consejo y, aunque no hubo quórum, tomó la decisión. Cuando conoció de la orden, salió presurosamente del auditorio del Consejo Nacional Electoral de Lago Agrio.
Su paradero se mantenía en reserva hasta hoy. Calvopiña denunció irregularidades en su detención y solicitó la libertad pero fue negada por Enrique Donoso, juez de la Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, en audiencia de acción de hábeas corpus.
El segundo personero está bajo la lupa de la Justicia por supuesta asociación ilícita para atentar contra la seguridad del Estado. Calvopiña presuntamente tenía la intención de destituir al prefecto Orlando Grefa. La audiencia empezó a las 15:00, en una de las habitaciones de la Clínica de Ginecología y Osteoporosis, en Riobamba. Varios familiares y amigos se agolparon en el cuarto piso del hospital para apoyarlo. “Decidí presentarme en mi ciudad natal porque en Sucumbíos la sentencia es de quien tiene plata”, argumentó el viceprefecto.
Además, denunció que en prisión atentarían contra su vida. “Yo quería entregarme, pero estaba amenazado. Todos saben que en la cárcel me iban a matar por USD 50 000 que pagaron mis opositores”. Nelson Masa, abogado defensor, indicó al juez que en Sucumbíos les negaron el derecho de legítima defensa por supuestas presiones políticas de Grefa.