Estas son las organizaciones políticas que quieren ir a las seccionales del 2023

Hasta el 25 de mayo del 2022 hay 276 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: EL COMERCIO
Son 276 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023.
En esa fecha se elegirá a varias autoridades como Prefectos, Viceprefectos, Alcaldes, Concejales urbanos y rurales, miembros de juntas parroquiales rurales. También se efectuará la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El 23 de mayo pasado se cerró el registro de organizaciones políticas. Ese día el CNE aprobó las últimas inscripciones de organizaciones políticas que cumplieron con los requisitos legales para participar en los próximos comicios.
Según el CNE, los representantes de organizaciones políticas que no fueron aprobadas pueden presentar recursos tanto en el mismo órgano electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto está facultado en el artículo 269 del Código de la Democracia.
Esa norma indica que se puede interponer un recurso subjetivo contencioso electoral “dentro de tres días posteriores al día siguiente de la notificación de la resolución que se recurra”. El TCE aún no confirma si ha receptado algún recurso.
Si eso ocurre, el listado definitivo de las organizaciones políticas estaría depurado el 7 de julio del 2022. Esa es la fecha límite para la ejecutoria de la sentencia al recurso subjetivo contencioso electoral.
Organizaciones políticas habilitadas
Por lo pronto estas son las organizaciones habilitadas, tras una actualización oficial del 25 de mayo del 2022:
- 6 partidos políticos
- 11 movimientos de ámbito nacional
- 68 movimientos provinciales
- 172 movimientos cantonales
- 19 movimientos parroquiales.
De acuerdo al CNE, en esta etapa no corresponde que la ciudadanía presente algún recurso o impugnación.
Sin embargo, el analista político Alfredo Espinosa considera que este proceso debería “ciudadanizarse” para evitar que más organizaciones políticas busquen ser parte del registro permanente.
Estima que los grupos políticos solo están detrás de la “pugna por los recursos económicos y el financiamiento del Estado”. Por lo que ve necesario reformar el Código de la Democracia.
La ciudadanía “no tiene claridad sobre cuántas de esas organizaciones forman parte de su localidad. Se enteran solamente cuando están en campaña”, sostiene Espinoza.
Por ello, sugiere que el órgano electoral proporcione fácil acceso a la ciudadanía sobre las 276 organizaciones políticas, con sus números de lista, sus postulados y el número de firmas con las que se inscribieron.
Ese desconocimiento, “posiblemente ese sea el germen que se incuba para que exista esta desconexión entre la ciudadanía y la clase política. Porque no llegan a conocer a las organizaciones sino solo en los procesos electorales, donde no existe distinción en gran medida”, concluye el analista.
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