8 de August de 2012 00:03

Las organizaciones no descartan pedir medidas cautelares a la CIDH

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Sobre cuatro escenarios trabajarán varios partidos y movimientos políticos cuya inscripción en el registro electoral es incierta por el proceso de revisión de firmas.

Los representantes de Concertación, PSP, PRE, MPD, Pachakutik, CREO y SUMA se reunieron ayer para buscar una salida a lo que consideran la posibilidad de que Alianza País termine como la única fuerza nacional reconocida para las próximas elecciones.

En ese sentido, no se descarta plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares para evitar “el acto ilegal de rever la personería jurídica”. Es el criterio de César Montúfar (Concertación), tras asegurar que la disposición del CNE, de que se revise nuevamente el total de las firmas de cada agrupación, y la demora de la Fiscalía para emitir un criterio definitivo sobre las investigaciones de las afiliaciones fraudulentas, apuntan a que los grupos de oposición no tengan oportunidades de competir en la contienda electoral.

“Que no se le confunda a la ciudadanía, el CNE tuvo más de un año para revisar la totalidad de las firmas que hemos presentado. Ese fue el espacio para demostrar si nosotros cometimos fraude. Es obvio que la responsabilidad de este caos es de ese organismo”.

Por ese motivo, estos grupos de oposición, a más de la demanda ante la CIDH, decidieron poner en marcha un segundo escenario: impugnar la resolución del Consejo Electoral del domingo pasado, donde se dispuso la revisión integral de las firmas de todas las agrupaciones y la fijación como plazo, hasta el 24 de septiembre, para que recolecten las rúbricas que les haga falta para completar la barrera de las 158 000 adhesiones y, con ello, conservar su inscripción. “En menos de un mes es imposible recolectar nuevas firmas, tomando en cuenta de que en un proceso como este solo una de cada tres firmas que se recogen de la ciudadanía son validadas”. Es decir que para recuperar unas 30 mil rúbricas (según los promedios generales que ha señalado de la Fiscalía), cada organización política deberá recoger 90 000.

Norman Wray (Ruptura) se ha mantenido distante de los diálogos que mantienen estos grupos de oposición. Pero le preocupa que finalmente Alianza País pretenda abonar al desprestigio del sistema de partidos “poniendo a todos en el mismo saco”.

Al igual que Montúfar, Wray pide a los poderes políticos y a la Fiscalía comprender que las víctimas de este escándalo son los ciudadanos que buscan hacer una política diferente y que el CNE debe responder por sus fallas”. “¿No dijo Domingo Paredes que hay un complot informático?”, opina Norman Wray.

Para hoy está prevista la presencia de los vocales ante la Asamblea a fin de explicar los parámetros de la crisis. También se reunirá el Consejo Consultivo del CNE este jueves. Más allá de estos encuentros, el grupo de oposición plantea llevar a juicio político a los cinco vocales como parte de su tercer escenario.

El cuarto frente de acción tiene que ver con el inicio de demandas penales que, según la oposición, busquen esclarecer los delitos informáticos que Paredes no descarta que se dieron en el CNE.

Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, cree que es “fundamental realizar una auditoría y una severa investigación al CNE, pero no podemos desviar la atención porque quienes defraudaron la fe pública fueron los sujetos políticos inescrupulosos”.

Sin embargo, Wray refuta este concepto: “La única diferencia de Alianza País es que tiene más firmas que los demás, pero ellos también han recogido firmas inválidas. ¿Es solo un criterio de bulto el que le permitirá a ese movimiento seguir en la papeleta?”.

Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, insiste en que el CNE dé a las organizaciones políticas una garantía de trabajo serio. “Que nos hagan partícipes de este proceso de revisión de firmas para que no continúen mecanismos caóticos y arbitrarios”.

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