Las organizaciones alineadas al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y al Parlamento Laboral Ecuatoriano planifican acciones frente a la negativa de la Superintendencia de Bancos para calificar al binomio propuesto para el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Impugnarán la decisión de la Superintendencia, anuncian un juicio político en contra de su titular, Guadalupe Cabezas, y esta tarde planifican acciones de hecho para protagonizar el lunes 14 de noviembre.
En un oficio del 10 de noviembre la Superintendencia señala que “el representante de los asegurados al Consejo Directivo del IESS deberá ser designado de conformidad con la ley vigente (Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social). Por lo tanto, la Superintendencia de Bancos, no puede dar trámite a sus solicitudes”.
Frente a eso, en una rueda de prensa reaccionaron los dirigentes de las organizaciones que postularon a Ramiro García y Ramiro Beltrán. El propio García, que es experto en derecho penal, dijo que es impresentable e inconstitucional que para un mismo proceso la Superintendencia aplique dos marcos jurídicos diferentes. Es decir, el Ejecutivo 571, que indicaba el reglamento para designar y conformar el Consejo Directivo del IESS, para la vocal del sector de los empleadores que ya fue posesionada, y una Ley posterior para el caso de los asegurados.
El sindicalista José Villavicencio cuestionó que detrás de la postura de la Superintendencia esté la intención de un asalto a la participación de los asegurados. Las organizaciones rechazan que el presidente del Consejo, Alfredo Ortega, haya convocado a una reunión del Consejo a las 15:00 para el 14 de noviembre pues no contaría con la nueva representación de los asegurados.
Acciones
En ese contexto, las organizaciones que apoyan al binomio impugnarán el lunes la resolución de la Superintendencia en sede administrativa y constitucional, a través de una acción de protección. No descartan iniciar un juicio político a Cabezas por “violentar” el Decreto 571 y tomar otras medidas de hecho a ejecutar el 14 de noviembre. También exigen a Ortega que dé un paso al costado.
García cree que la acción de protección será positivo y favorable a los asegurados. Lo que está en juego no es un cargo sino la institucionalidad y el Consejo, refirió.
Argumentos de la Superintendencia
Las organizaciones recibieron la comunicación de la Superintendencia a través de un correo electrónico. En el documento, la institución explica que atendió las solicitudes de calificación, cuatro candidatos principales y dos alternos, presentadas por las diferentes organizaciones.
Justifica que solicitó la prueba del cumplimiento del reglamento de designación, pero que las numerosas solicitudes demuestran que la designación de su representante no cumplió con los principios mínimos establecidos en el procedimiento. Se refiere al Decreto 571.
Reitera, como en un comunicado anterior, que no le competía dirimir al representante que gozaría de una designación válida y que la designación del candidato principal y alterno debía hacerse “conjuntamente” ente todas las organizaciones que se menciona en el Decreto. “El procedimiento no contemplaba la posibilidad de que cada organización designe un representante, sino que lo hagan conjuntamente por un principio democrático y de representación”.
Determina que calificar a los seis postulantes sería una atribución de competencias. La calificación de varios representantes acarrearía un supuesto de inseguridad jurídica, respecto a cuál representante calificado es quién deba ser posesionado y asumir el cargo ante el Consejo Directivo.
En conclusión, la Superintendencia se abstiene de tramitar las solicitudes y antepone que el Decreto quedó derogado con la Ley Reformatoria, que entró en vigencia el 1 de noviembre.
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