Finalmente, la Asamblea completó la votación de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con el apoyo de entre 68 y 69 votos, la mayoría del Pleno aprobó los cambios propuestos por sectores de la oposición, que darían paso a otra forma de fiscalizar.
La idea es que sea el Pleno, en adelante, el que decida la suerte de los juicios políticos y no la Comisión de Fiscalización.
Sin embargo, estos bloques no celebraron su victoria porque la vigencia de estas reformas está bloqueada a través de la medida cautelar emitida por la Corte Constitucional (CC). Este organismo pidió al Registro Oficial no publicar estos cambios a la Ley legislativa mientras no se aclare la potestad que tiene el poder Ejecutivo de vetar o no unas reformas que, únicamente, inciden en el procedimiento interno de la Asamblea. El Gobierno planteó una demanda de inconstitucionalidad para zanjar este tema. Mientras ello sea analizado por la CC, regirá la polémica medida cautelar.
Vicente Taiano (Prian), ponente de la reforma, adelantó que pedirá a la Corte ser escuchado en una audiencia, en la que argumentará, entre otras cosas, la necesidad de respetar lo que dice la Constitución sobre la independencia de las funciones. En este caso, que el Ejecutivo no tiene las atribuciones para poner sus objeciones en una ley que no tiene nada que ver con la Presidencia.
Mientras Taiano pide ser escuchado en la CC, hoy, el magistrado Manuel Viteri escuchará los argumentos del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.
De los jueces constitucionales depende que la oposición pueda fiscalizar al Gobierno con mayor agilidad durante este año con tinte electoral.